Médicos Sin Fronteras y Salud por Derecho piden al Gobierno español que apoye la suspensión de patentes COVID-19 para incrementar la producción de vacunas con la entrada de más fabricantes

Madrid, 3 de febrero de 2021.- Mañana jueves se vuelven a reunir los países para debatir la propuesta que Sudáfrica e India hicieron al Consejo de los ADPIC (Acuerdos de Propiedad Intelectual) en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para aplicar una exención sobre ciertas medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías contra la COVID-19 mientras dure la pandemia.

Médicos Sin Fronteras (MSF) y Salud por Derecho recalcan que, en un contexto de evidente tensión entre la fabricación de vacunas y la demanda de estas, y de absoluta falta de transparencia en los contratos de compra de las vacunas, suspender las patentes daría entrada a más fabricantes y permitiría aumentar la producción. En este sentido, ambas organizaciones piden a los países ricos que apoyen, o al menos no obstaculicen, la suspensión temporal en la OMC.

España: entre las declaraciones y los hechos
​Salud por Derecho y MSF piden al Gobierno español que apoye la propuesta de Sudáfrica e India y la C-TAP (una iniciativa de la OMS para compartir el conocimiento científico desarrollado contra la COVID-19 de forma voluntaria). Hasta la fecha, España no ha mostrado su respaldo a ninguna de las dos. Sin embargo, en el documento público Estrategia de Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria frente a la COVID-19 reconoce la vacuna como un bien público, así como la necesidad de compartir la propiedad intelectual para afrontar la pandemia de manera global y garantizar la equidad y el acceso.

Hace unos días, el Consejo de Ministros aprobó un Plan para garantizar el acceso a las vacunas contra la COVID-19, que incluye la intención de compartir sus excedentes de vacunas y canalizarlos a través de iniciativas como COVAX (el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19) para que lleguen a países de renta baja y renta media-baja, un anuncio que ambas organizaciones consideran positivo pero insuficiente. “Compartir unos excedentes puede paliar una situación de emergencia, pero no va a solucionar los enormes problemas de acceso actuales y que han dado lugar a una desigualdad dramática entre los países más ricos y más pobres del mundo. La situación excepcional y sin precedentes en la que nos encontramos requiere de medidas extraordinarias para que todos los países puedan utilizar toda la propiedad intelectual, el conocimiento y los datos relacionados con las tecnologías sanitarias COVID-19 y ampliar la capacidad de producción”, asegura Irene Bernal, investigadora de Salud por Derecho.

La producción: un cuello de botella ​
​En las últimas semanas han salido a la luz los problemas de producción y suministro con dos de las compañías que tienen autorizada la vacuna o están a las puertas de obtenerla. “Estamos asistiendo a un escenario con enormes tensiones y a unas negociaciones opacas propias de un ‘mercado persa’ en el que los países que más pagan son los que más población tienen vacunada y las corporaciones farmacéuticas abusan y operan con impunidad mediante acuerdos de compra bilaterales secretos”, se lamenta Raquel González, responsable de Relaciones Externas de MSF.

Todo ello tiene lugar con unos niveles de financiación pública recibidos que no tienen precedentes. Se estima que se han invertido más de 10.000 millones de dólares en I+D, ensayos clínicos y fabricación de las seis potenciales vacunas candidatas de COVID-19 desarrolladas por AstraZeneca / Universidad de Oxford, Johnson & Johnson / BiologicalE, BioNTech, GlaxoSmithKline / Sanofi Pasteur, Novavax / Serum Institute of India y Moderna / Lonza.

El acaparamiento de vacunas por los países ricos ha venido a generar una mayor desigualdad en el acceso a vacunas. Un estudio de la Universidad John Hopkins, publicado en British Medical Journal, recoge que una quinta parte de la población no tendrá acceso a la vacuna al menos hasta 2022. Otro informe, en este caso del Instituto de Salud Global de la Universidad de Duke, determinó que, a mediados de enero, un grupo de países de altos ingresos donde vive el 16% de la población mundial había reservado el 60% del suministro mundial de vacunas.

La suspensión temporal de las patentes hasta lograr la inmunidad de grupo mundial permitiría a todos los países miembros de la OMC la posibilidad, si así lo consideran, de no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual sobre las tecnologías sanitarias que se desarrollen para luchar contra la pandemia. Asimismo, crearía un espacio de colaboración entre países para la I+D, la producción y el suministro de dichas herramientas para la COVID-19. La exención, que cuenta con el apoyo ya de cien países (de los 164 Estados y territorios que forman la OMC) y a la que se oponen un pequeño grupo de miembros como la UE, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Suiza y Australia, está reconocida en los artículos IX 3 y 4 del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC. 

Recientemente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que la UE ha aportado enormes sumas para I+D de las vacunas COVID y para “ayudar a desarrollar un bien mundial común”. Sin embargo, la UE y sus Estados miembros, rechazan hasta ahora la propuesta de suspensión de las patentes.

"Mientras líderes europeos reconocen las vacunas COVID como un bien de interés público global, bloquean iniciativas como la suspensión de las patentes en la OMC. La propia UE está valorando invocar el artículo 122 del Tratado Europeo para forzar a empresas farmacéuticas a compartir su patente para que otros laboratorios pudieran producir vacunas. La exención permitiría esto mismo, pero de forma global y haría que este reconocimiento, hasta ahora retórico, fuera real, y se tradujera en una producción suficiente. Para que el mundo salga de esta pandemia debemos distribuir las vacunas de manera equitativa, no basándonos en quién puede pagar más", afirma Raquel González.

Para conseguir aumentar la producción “es imprescindible compartir el conocimiento y la I+D de las vacunas”, asegura Irene Bernal. “El momento actual está desnudando los problemas de un sistema cuyas profundas fisuras venimos denunciando desde hace décadas pero que ahora se hacen más evidentes que nunca”, añade.

No sería la primera vez que los miembros de la OMC adoptaran una exención. En 2001, en plena pandemia del VIH/sida, los estados llegaron a un consenso para una exención relacionada con el párrafo 6 de la Declaración de Doha sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. La exención estableció un mecanismo para permitir a los países que producían medicamentos genéricos bajo una licencia obligatoria suministrar los fármacos a otros países que carecían de la capacidad de fabricación necesaria para producirlos ellos mismos.

Nota a editores: Médicos Sin Fronteras tiene en marcha una campaña de firmas para pedir al Gobierno español que apoye la supresión de patentes mientras dure la pandemia.