Los gobiernos deben exigir a las farmacéuticas que hagan públicos todos los acuerdos de licencia de vacunas de COVID-19

Ginebra/Madrid, 11 de noviembre de 2020.- Médicos Sin Fronteras (MSF) pide a los gobiernos que exijan urgentemente transparencia a las empresas farmacéuticas en todos los acuerdos de licencia de la vacuna COVID-19, así como en los costes y los datos de los ensayos clínicos. La petición de MSF surge poco después de que se revelaran los preocupantes términos de un acuerdo alcanzado entre la empresa farmacéutica AstraZeneca y el organismo público de investigación brasileño Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Se trata de una cuestión clave considerando los miles de millones de dinero público de los contribuyentes que se han destinado al desarrollo de estas posibles vacunas.

Fiocruz ha dado un paso importante hacia una mayor transparencia al publicar en su web el acuerdo de licencia con AstraZeneca para producir al menos 100 millones de dosis de la vacuna AZD1222. El acuerdo debería alentar a otros gobiernos a seguir su ejemplo y tomar medidas hacia una mayor transparencia. Un acuerdo anterior mostró que existen límites a los compromisos públicos de “sin ánimo de lucro” de AstraZeneca, y que la compañía se ha otorgado el poder de declarar el fin de la pandemia a partir de julio de 2021. Esto significa que, a partir de julio de 2021, AstraZeneca podría cobrar a los gobiernos y otros compradores precios elevados por una vacuna que ha sido financiada en su totalidad con fondos públicos. La licencia exclusiva original entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford aún no se ha hecho pública, y sus términos determinan en gran medida los términos de los acuerdos posteriores de la empresa con otros fabricantes de vacunas de todo el mundo. Varias fuentes con información sobre la licencia de AstraZeneca-Oxford han cuestionado el compromiso “sin ánimo de lucro” de AstraZeneca, al afirmar que AstraZeneca puede cobrar hasta un 20% más del coste de producción de la vacuna. Aparte del acuerdo con Fiocruz, todavía no se han revelado sublicencias con fabricantes en Sudáfrica, India y otros países. El escrutinio público de los términos de estos acuerdos es fundamental para garantizar un acceso equitativo y asequible a estas futuras vacunas.

“Sin una acción decisiva de los gobiernos exigiendo más transparencia a las empresas, el acceso equitativo a las vacunas COVID-19 está en peligro. La opinión pública tiene derecho a saber qué hay en estos acuerdos: no hay lugar para los secretos durante una pandemia, hay demasiado en juego”
​Miriam Alía, referente de Vacunación de MSF

Las corporaciones farmacéuticas tienen un historial muy pobre en términos de transparencia en todos los ámbitos, desde acuerdos de licencia y transferencias de tecnología hasta costes de I+D y datos de ensayos clínicos, y la poca información que se ha revelado sobre las promesas sin fines de lucro de AstraZeneca debería ser una señal de advertencia de que no se puede confiar en que la industria farmacéutica actúe en interés de la salud pública.

“Mientras no sepamos qué contienen estos acuerdos, la industria farmacéutica seguirá teniendo el poder de decidir quién obtiene acceso, cuándo y a qué precio”, afirma Miriam Alía, referente de Vacunación de MSF. “Sin una acción decisiva de los gobiernos exigiendo más transparencia a las empresas, el acceso equitativo a las vacunas COVID-19 está en peligro. La opinión pública tiene derecho a saber qué hay en estos acuerdos: no hay lugar para los secretos durante una pandemia, hay demasiado en juego”.

Los acuerdos de licencia alcanzados para otras empresas que trabajan en el desarrollo de vacunas de COVID-19 también siguen siendo confidenciales, a pesar de los niveles sin precedentes de financiación pública recibidos. Se han invertido más de 10.000 millones de dólares en I+D, ensayos clínicos y fabricación de las seis potenciales candidatas vacunas de COVID-19 desarrolladas por AstraZeneca / Universidad de Oxford (más de 1.700 millones de dólares) Johnson & Johnson / BiologicalE (1.500 millones de dólares), ​ BioNTech (500 millones de dólares), GlaxoSmithKline / Sanofi Pasteur (2.100 millones de dólares), Novavax / Serum Institute of India (casi 2.000 millones de dólares) y Moderna / Lonza (2.480 millones de dólares). AstraZeneca ha llegado a afirmar varias veces que el desarrollo de la vacuna no tendrá implicaciones financieras para la empresa, ya que “se prevé que los gastos para hacer progresar la vacuna se compensen con fondos de gobiernos y organizaciones internacionales”.

MSF también insta a los investigadores de la vacuna de COVID-19 a revelar los costes y los datos de los ensayos clínicos. Sin esta información, es imposible que los gobiernos u otros actores de salud exijan precios asequibles y examinen los datos clave de seguridad y eficacia. Dado que los costes de I+D y fabricación se han compensado en gran parte, o en su totalidad, como en el caso de AstraZeneca y Moderna, con contribuciones públicas, la ciudadanía merece ver un desglose transparente de estos costes y datos.

“A pesar de las reiteradas garantías de los Jefes de Estado de que cualquier vacuna de COVID-19 será un bien público mundial, y de las afirmaciones de que estamos viendo a la industria en su mejor momento, la realidad es que lo que los hechos y la información disponible hasta el momento nos enseñan es ​ que no se puede confiar en que la industria farmacéutica actúe en interés de la salud pública, incluso en estos tiempos sin precedentes”, afirma Roz Scourse, asesora de Políticas de la Campaña de Acceso de MSF. “Incluso con miles de millones de dólares de dinero público y de los contribuyentes comprometidos y pagados por estas vacunas y miles de millones de vidas en juego, seguimos estando a ciegas, batallando por conseguir información esencial, como el precio y el suministro de futuras vacunas COVID-19, con lo que esto significa para un acceso equitativo”.

En este momento crítico para la salud de miles de millones de personas, los gobiernos deben asumir la responsabilidad de los miles de millones de dinero público que han donado para estas vacunas y exigir que las corporaciones farmacéuticas hagan públicas con urgencia todas las licencias, acuerdos, costes de ensayos clínicos y datos relacionados con las vacunas COVID-19.

* Corrección: en una versión anterior de este comunicado de prensa se indicaba que Pfizer / BioNTech habían recibido 2.500 millones de dólares de fondos públicos tomando en consideración los 1.950 millones procedentes de la iniciativa 'Operation Warp Speed' del Gobierno de EEUU. Sin embargo, esta partida no son fondos de riesgo y, por lo tanto, no financian directamente el aumento de la fabricación. La financiación pública total para los seis candidatos principales también se ha editado para reflejar el total corregido: más de 10.000 millones de dólares.