Atrapados y olvidados: ningún lugar es seguro para los rohinyás
El conflicto en el estado de Rakhine, Myanmar, se intensifica y aumentan los heridos y enfermos que cruzan a Bangladés en busca de atención médica
Cox’s Bazar (Bangladés), 22 de agosto de 2024.- "Oímos explosiones, disparos y gente gritando", relata Ruhul. Así describe este joven rohinya el momento en que su localidad, Buthidaung, fue atacada la noche del 17 de mayo. "Escapé junto a mi familia de nuestra casa en medio del caos, buscando protección en las colinas cercanas. Me separé de mis padres y pasé varios días escondido en la selva con mis primos y otros jóvenes, con hambre y miedo. Pisé dos minas terrestres; la primera vez salí ileso, pero la segunda explosión me voló el pie", recuerda. Ruhul no recibió atención médica durante nueve días hasta que pudo cruzar la frontera con Bangladés y llegar a un hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Cox's Bazar.
Desde noviembre, el estado septentrional de Rakhine, en Myanmar, está devastado por la intensificación del conflicto entre las Fuerzas Armadas de Myanmar y el Ejército de Arakán. La violencia extrema, que incluye el uso de armamento pesado, ataques con drones e incendios, ha arrasado pueblos enteros, matando, hiriendo y desplazando a civiles. Ambas partes del conflicto están reclutando civiles a la fuerza y avivando las tensiones étnicas entre comunidades.
La violencia afecta a varios grupos étnicos que viven en Rakhine, pero la comunidad rohinya, uno de los grupos históricamente más perseguidos durante décadas, se encuentra atrapada en medio de esta violencia.
Los días 17 y 18 de mayo, en Buthidaung, se incendiaron viviendas y propiedades civiles, y miles de rohinyas (muchos de ellos desplazados previamente de otras zonas) huyeron de la ciudad.
Mojubullah tuvo que huir de Buthidaung en esas fechas. "Una granada de mortero alcanzó nuestra casa, mató a mi esposa e hirió a varias personas", relata. "Tomamos la desgarradora decisión de marcharnos a Bangladés. Dejar atrás nuestra casa, el ganado y los cultivos fue increíblemente difícil", lamenta Mojubullah.
En Maungdaw, 20 kilómetros al oeste de Buthidaung, los intensos combates se recrudecieron en mayo y han vuelto a intensificarse en agosto. Los enfrentamientos se han caracterizado por violentos ataques contra grupos de rohinyás, algunos de los cuales son supervivientes de los ataques a Buthidaung.
Entre el 5 y el 17 de agosto, los equipos de MSF en los campos de refugiados de Cox's Bazar atendieron a 83 pacientes rohinyás con heridas relacionadas con la violencia; el 48% eran mujeres y niños. Estos relataron haber huido de un ataque en Maungdaw y cruzado la frontera.
Estos pacientes que llegaron a las instalaciones de MSF sufren heridas de bala, mutilaciones por minas terrestres y se encuentran en estado crítico por falta de fármacos para tratar enfermedades potencialmente mortales como el VIH o la tuberculosis. Estos medicamentos ya no están disponibles en Rakhine.
Varias personas describieron el viaje a través de la frontera, que incluye cruzar el río Naf, como peligroso. Como la frontera está oficialmente cerrada, para cruzar la gente se ve obligada a pagar enormes sobornos a grupos armados, traficantes o autoridades.
"El viaje estuvo plagado de dificultades en todo momento", recuerda Mojibullah. "Nos encontramos con contrabandistas que exigían cantidades de dinero exorbitantes por un peligroso viaje en barco y nos enfrentamos a la hostilidad de los guardias fronterizos al llegar a Bangladés. A pesar de nuestras peticiones de ayuda, mis nietos necesitaban atención médica urgente, nos empujaron de vuelta a Myanmar", señala el refugiado rohinya.
En el norte de Rakhine, el acceso a la atención sanitaria es casi inexistente. Los centros de salud no funcionan ya que han sido dañados por los combates, el personal médico ha huido o se han quedado sin suministros debido al conflicto y a la imposibilidad de obtener autorización para trasladar las provisiones necesarias.
En junio, MSF se vio obligada a suspender indefinidamente sus actividades médico-humanitarias en las localidades Buthidaung, Maungdaw y Rathedung, tras el incendio de la oficina y el almacén médico de la organización. Antes de esta suspensión, MSF fue testigo de ataques en zonas civiles muy pobladas, como mercados y pueblos, así como de asaltos a instalaciones sanitarias que pusieron en riesgo la vida de pacientes y trabajadores sanitarios.
Los esfuerzos realizados por las partes beligerantes para proteger a los civiles y cumplir las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario son insignificantes.
El precio de este desprecio por la vida humana es inmenso. Desde julio, los equipos de MSF en Bangladés han recibido en sus instalaciones a 115 pacientes rohinyás heridos de guerra, entre los que había hombres, mujeres y niños con lesiones causadas por la violencia extrema.
Aunque los rohinyás recién llegados a Cox's Bazar han conseguido escapar de la zona de conflicto y acceder a cierto nivel de atención médica, se ven obligados a esconderse constantemente por miedo a ser deportados de vuelta a Myanmar, al tiempo que se enfrentan a una situación cada vez más precaria en campos donde 1,2 millones de personas viven tras alambradas de espino. Aparte del aumento de la violencia y los secuestros en los campos, incluso para el reclutamiento forzoso en grupos armados para combatir en Myanmar, muchas personas viven con miedo y ansiedad por lo que han vivido, y por la suerte de sus familias en Bangladés y en su país.
Tras llegar por fin a Bangladés, Mojibullah aún no ha encontrado respiro a su sufrimiento. "Mi familia y yo luchamos por asimilar la pérdida de seres queridos y la incertidumbre ante nuestro futuro".
Según la ONU, unas 327.000 personas han sido desplazadas en el estado de Rakhine y en la ciudad de Paletwa, en el estado de Chin, desde que se reanudó el conflicto en Myanmar en noviembre de 2023. Esto eleva el número total de desplazados en ambas zonas a más de 534.000 personas.
MSF pide a las partes en conflicto que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Esto incluye proteger a los civiles de los ataques directos y de los efectos de los combates, así como la prohibición de llevar a cabo ataques indiscriminados.
MSF también demanda a las autoridades y a todos los actores a ambos lados de la frontera que den prioridad urgentemente al aumento de la asistencia humanitaria y médica imparcial para todo aquel que la necesite.
Guillermo Algar