Port Sudan, 9 de abril de 2026.- Sudán cumple tres años de una guerra devastadora. Médicos Sin Fronteras (MSF) condena la violencia desatada, la impunidad generalizada y las restricciones al acceso humanitario en medio del colapso del sistema sanitario. El conflicto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), junto con sus respectivos grupos aliados, ha provocado el desmantelamiento sistémico de servicios esenciales para la población, como la atención sanitaria, la protección, la seguridad alimentaria y la seguridad básica.
En 2025, los equipos de MSF atendieron a más de 7.700 pacientes por violencia física, incluidos disparos, realizaron más de 250.000 consultas de urgencia y llevaron a cabo más de 4.200 consultas por violencia sexual, utilizada muy a menudo como arma de guerra, y que afecta de forma desproporcionada a las mujeres.
Durante el mismo periodo, más de 15.000 niños menores de cinco años ingresaron en los programas hospitalarios de alimentación por desnutrición aguda. Se trata de una patología, que va en aumento, lo que agrava el riesgo de muerte por enfermedades que, de otro modo, serían tratables.
En conjunto, estas cifras muestran que, más allá de las víctimas directas del conflicto, la violencia implacable está causando un daño profundo y de gran alcance con graves consecuencias para la salud de la población.
Durante el conflicto, los programas de vacunación se han interrumpido y los sistemas de vigilancia epidemiológica han colapsado, lo que ha acelerado la propagación de enfermedades y retrasado la detección de brotes. La respuesta humanitaria internacional —incluida la de los organismos de las Naciones Unidas, especialmente en Darfur— sigue siendo muy insuficiente para prevenir muertes que podrían evitarse. Los recortes de financiación están empeorando aún más una situación ya de por sí grave, y la población vuelve a pagar el precio: la gente muere por causas evitables porque ni las autoridades sudanesas y ni la comunidad internacional acuden en su ayuda.
MSF ha sido testigo de brotes recurrentes de enfermedades mortales, aunque prevenibles, en todo Sudán: desde el sarampión en Darfur hasta la hepatitis E en el estado de Gezira, pasando por el cólera en Jartum o el Nilo Blanco. En 2025, los equipos de la organización atendieron a más de 12.000 pacientes con sarampión y a cerca de 42.200 con cólera. Estos brotes se cobran la vida de los más vulnerables, especialmente de niños y mujeres embarazadas. \u200b
“Mi hija nació prematuramente porque la guerra nos obligó a huir de Omdurman mientras estaba embarazada”, cuenta Ferdos Salih, madre de una niña de once meses que padece sarampión y desnutrición aguda grave en el Hospital Universitario de El Geneina, en Darfur Oeste. “Ha sufrido mucho por las repetidas hospitalizaciones. Además, debido a la guerra, no pudo vacunarse”, añade.
Además, los hospitales han sido saqueados, bombardeados y ocupados. El personal médico ha sido amenazado, detenido u obligado a huir. Se ha impedido que las ambulancias llegaran hasta los heridos.
Desde abril de 2023, más de 2.000 personas han perdido la vida y 720 han resultado heridas en 213 ataques contra centros de salud en todo el país. En 2025, Sudán representó el 82% de todas las muertes a nivel mundial por ataques contra la atención sanitaria, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Durante ese mismo periodo, MSF ha documentado 100 incidentes violentos dirigidos contra su personal, los centros a los que presta apoyo y los suministros médicos.
Recientemente, el 2 de abril, un ataque contra el Hospital Al Jabalain, presuntamente perpetrado por las FAR, causó 10 víctimas mortales, entre ellas siete miembros del personal médico, algunos de los cuales habían trabajado anteriormente con MSF. Apenas dos semanas antes, el 20 de marzo, un ataque presuntamente perpetrado por las Fuerzas Armadas Sudanesas contra el hospital de El Daein, en Darfur Este, causó la muerte de 70 personas, entre ellas 15 niños.
Sin embargo, a pesar de las constantes amenazas, los repetidos ataques de ambas partes beligerantes y la indiferencia internacional, los voluntarios y el personal médico sudaneses siguen demostrando una dedicación extraordinaria, esforzándose por prestar asistencia donde más se necesita.
“Las autoridades sudanesas siguen haciendo que, en ocasiones, resulte imposible para MSF y otros actores humanitarios prestar o ampliar la atención vital, ya sea bloqueando nuestra entrada en determinadas zonas o impidiéndonos llevar a cabo actividades incluso después de haber llegado”, afirma Amande Bazerolle, coordinadora general de MSF en Sudán. “El hecho de que se nos impida intervenir coloca a MSF en una posición inaceptable: sin capacidad de responder ante el sufrimiento y la muerte evitables a pesar de estar preparados y dispuestos a hacerlo”, denuncia.
Hoy en día, la vasta región de Kordofán —en el centro-sur del país— es la zona de conflicto más inestable y activa, y se teme que sea el próximo escenario de atrocidades, como las que han ocurrido en el pasado en otras regiones, entre ellas Darfur, Jartum o Gezira. También es una de las zonas menos accesibles para las organizaciones humanitarias, lo que deja a las comunidades aún más expuestas a medida que se intensifica la violencia.
En los últimos meses, MSF ha observado un preocupante cambio en la forma de llevar a cabo la guerra, incluido un uso extensivo de drones tanto por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido como de las Fuerzas Armadas Sudanesas. Estos ataques se producen cada vez más lejos de las líneas del frente, dirigiéndose contra infraestructuras logísticas y zonas civiles pobladas.
Desde febrero, MSF ha atendido a unas 400 personas por heridas causadas por drones tras ataques que han alcanzado zonas civiles en el este de Chad, así como en diversas zonas de Darfur. Según Naciones Unidas, estos ataques han causado la muerte de más de 500 civiles entre el 1 de enero y el 15 de marzo.
“Los equipos están recibiendo pacientes con heridas horribles: personas con heridas penetrantes, miembros amputados, quemaduras devastadoras... muchas de las cuales ya han fallecido cuando llegan al hospital. La magnitud de la violencia y las atrocidades que presenciamos es insoportable”, explica Muriel Boursier, coordinadora de Emergencias de MSF en Darfur.
Estos ataques, llevados a cabo con un flagrante desprecio por el derecho internacional humanitario, no se dirigen sistemáticamente contra objetivos militares. Esto supone un nuevo y grave deterioro de un conflicto en el que el sufrimiento de la población sigue agravándose.
La crisis en Sudán no es solo una catástrofe humanitaria, sino también un fracaso político colectivo. Tras tres años de lo que se ha convertido en la mayor crisis humanitaria del mundo, la respuesta de los gobiernos y las organizaciones internacionales no ha logrado cubrir ni siquiera las expectativas más básicas.
Las repetidas advertencias sobre atrocidades, incluidas las cometidas contra comunidades no árabes en El Fasher por las FAR, no han dado lugar a ninguna acción significativa.
Mientras tanto, niños, madres y otras personas de las comunidades siguen muriendo cada día, tanto por la violencia indiscriminada contra la población civil —incluidos los asesinatos en masa, la inanición, la tortura y las violaciones— como por la falta de servicios básicos que se supone que debe proporcionar el sistema humanitario internacional.
Desde abril de 2023, cerca de 14 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, y muchas han tenido que huir en múltiples ocasiones, perdiéndolo todo. Las dos partes beligerantes, que anteriormente formaban el Gobierno de Sudán, están desmantelando la capacidad del país para proteger, curar y sostener a su propia población.
“Ahora más que nunca, la protección de la población civil, el respeto a las instalaciones sanitarias, la rendición de cuentas por las atrocidades y el acceso humanitario sostenido son urgentes e innegociables”, recalca Amande Bazerolle. “Tres años de guerra ya le han costado a Sudán un precio incalculable. Permitir que esta trayectoria continúe supone el riesgo de condenar a toda una generación”, alerta la coordinadora de MSF en Sudán.
Las partes beligerantes y sus aliados deben adoptar medidas inmediatas y concretas para proteger a la población civil. Deben rendir cuentas por las continuas violaciones que están causando un inmenso sufrimiento a la población.
Los actores internacionales influyentes deben ejercer urgentemente una presión diplomática significativa sobre quienes financian, arman o apoyan políticamente a las partes en conflicto. Aunque hasta ahora, lamentablemente, no han sabido utilizar su influencia para detener las atrocidades masivas, aún existe una oportunidad para influir en la situación y evitar nuevos crímenes.
El silencio y la inacción están prolongando el sufrimiento de millones de personas.