Madrid, 30 de abril de 2026.– El próximo 3 de mayo se cumplen diez años desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Resolución 2286, impulsada, en parte, por los devastadores bombardeos contra el hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kunduz, Afganistán, y los ataques aéreos contra hospitales en Siria y Yemen. Más de 80 Estados miembros se comprometieron entonces a proteger al personal sanitario y humanitario, así como las infraestructuras, los transportes y los equipos médicos. Diez años después, MSF pide a los Estados que respeten y apliquen plenamente la Resolución 2286, reafirmando de forma inequívoca su compromiso con la protección de la atención sanitaria.
Una década después de la adopción de la resolución, los equipos y pacientes de MSF siguen presenciando y sufriendo ataques recurrentes. En los últimos diez años, 21 trabajadores de MSF han muerto en 15 incidentes mientras desempeñaban su labor. Lejos de disminuir, los ataques no han cesado y se han intensificado en los últimos años, impulsados por la violencia contra la atención sanitaria en contextos como Etiopía, Líbano, Myanmar, Palestina, Sudán y Ucrania. Solo en 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud registró 1.348 ataques contra instalaciones médicas, que causaron la muerte de 1.981 personas.
Por su parte, MSF ha registrado al menos 255 incidentes de seguridad* que afectaron directamente a la atención sanitaria en la última década. Los incidentes alcanzaron su punto máximo en 2024 y 2025, concentrando más de un tercio del total.
En su reciente informe 'La atención médica en el punto de mira', MSF ya alertó de niveles récord de ataques contra la asistencia médica en los conflictos armados, que reflejan un creciente incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario por parte de las partes beligerantes
“Lo que antes se consideraba excepcional se ha vuelto habitual”, afirma el doctor Javid Abdelmoneim, presidente internacional de MSF. “Estamos viendo un desprecio flagrante por la protección de la misión médica en países en guerra. Los Estados que en 2016 se comprometieron a proteger la atención sanitaria deben dejar de escudarse en excusas o en culpas cruzadas y pasar a la acción”.
En la última década, los ataques contra la atención sanitaria han adoptado múltiples formas: bombardeos aéreos de hospitales en Siria y Yemen; ataques de artillería contra centros médicos en Ucrania y Palestina; ataques con drones contra hospitales en Sudán y Myanmar; y agresiones contra ambulancias claramente identificadas en Camerún, Haití y Líbano. En muchos casos, los propios Estados son directamente responsables de estos ataques, mientras que otros permiten que se produzcan sin consecuencias. Con frecuencia, los Estados responsables han respondido negando los hechos, alegando errores o afirmando, sin pruebas, que los centros habían perdido su protección. Estos incidentes rara vez se investigan de forma independiente y rigurosa, lo que perpetúa un clima de impunidad.
La inacción frente a violaciones reiteradas por parte de Estados y grupos armados no estatales favorece que la violencia contra la atención sanitaria se convierta en una práctica tolerada. Esta tendencia se ve reforzada por el uso de narrativas como la lucha antiterrorista, el uso de supuestos “escudos humanos” o la militarización para justificar ataques contra instalaciones y personal sanitario. Al mismo tiempo, se está produciendo un preocupante cambio de enfoque: el personal sanitario pasa de ser protegido a ser tratado como sospechoso, invirtiéndose en la práctica la carga de la prueba. Con ello, los Estados eluden sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario y agravan los riesgos para el personal médico y humanitario, así como para las comunidades a las que atienden.
Además de las consecuencias inmediatas —la pérdida de vidas y las heridas—, estos ataques tienen un impacto devastador y prolongado. La violencia contra el personal, las instalaciones y los medios de transporte sanitarios interrumpe la prestación de servicios y debilita los sistemas de salud mucho más allá del incidente. En muchos contextos, las infraestructuras no se reconstruyen y las organizaciones humanitarias se ven obligadas a suspender sus actividades por motivos de seguridad. En algunos conflictos, los ataques contra la atención sanitaria se utilizan como estrategia, amplificando el daño mucho más allá del impacto inicial y dejando a comunidades enteras privadas de asistencia sanitaria vital.
“La atención médica en contextos de conflicto está bajo una amenaza extrema, ya que los ataques contra trabajadores e instalaciones sanitarias se han observado en casi todos los conflictos de la última década”, añade Abdelmoneim. “MSF exige que los Estados respeten sus obligaciones y compromisos bajo la Resolución 2286 para una mayor protección y rendición de cuentas. La protección que el Derecho Internacional Humanitario nos otorga a nosotros y nuestros pacientes debe traducirse en hechos, no quedarse en palabras”.
Los Estados deben investigar de manera rápida, independiente e imparcial todos los ataques; reforzando los mecanismos de rendición de cuentas, incluidos los previstos en el Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, MSF insiste en que no existen circunstancias realistas en las que el ataque contra un hospital operativo pueda considerarse legal, dado el enorme daño, inmediato y a largo plazo, que provoca. Los Estados y las partes en conflicto deben reflejar esta prohibición en sus doctrinas y prácticas militares, y dejar de invocar argumentos como la proporcionalidad o la supuesta “pérdida de protección” para justificar ataques ilegales.
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* De los 255 incidentes registrados por MSF, 107 impactaron en instalaciones médicas —como hospitales, centros de salud o clínicas móviles—, 75 estuvieron relacionados con el transporte sanitario, incluidas ambulancias sometidas a retrasos, controles o ataques, y 73 consistieron en intrusiones forzadas en espacios médicos, como registros armados o interferencias en la prestación de atención. Se documentaron en 28 países, aunque más de la mitad se produjeron en Haití, Sudán, Yemen, República Centroafricana y República Democrática del Congo.
MSF trabaja en más de 70 países en todo el mundo, incluyendo Palestina, Líbano, Ucrania, Sudán y Myanmar, así como en otras áreas de conflicto y guerra.
\u200bEn 2025, los equipos de MSF en Sudán realizaron casi 850.000 consultas ambulatorias, ingresaron a cerca de 95.600 personas y asistieron casi 29.000 partos. En Gaza, durante el mismo período, los equipos realizaron 913.000 consultas ambulatorias, ingresaron a poco menos de 54.000 personas y llevaron a cabo 89.800 sesiones de salud mental. En Ucrania en 2025, las ambulancias de MSF trasladaron a 10.700 pacientes, el 60% de los cuales tenían lesiones relacionadas con la guerra, y los equipos proporcionaron 45.300 consultas ambulatorias a través de clínicas móviles, y 9.750 sesiones de fisioterapia.