Rechazados y traumatizados: la situación de los menores no acompañados que llegan a Francia

París / Madrid, 11 de septiembre de 2019.- Los menores migrantes que llegan a Francia lo hacen tras padecer viajes de una violencia extrema, rutas que son cada vez más peligrosas debido a las políticas instauradas para disuadir a las personas de emigrar a cualquier precio. La angustia de los jóvenes que logran sobrevivir y llegar a Francia se ve agravada por los abusos y el rechazo institucional organizado que soportan a su llegada al país.

Descarga del fotografías del centro para menores no acompañados de MSF en Pantin, París.

La designación administrativa establece que los “menores no acompañados” son menores de 18 años procedentes de otros países y que han llegado a Francia sin la compañía de sus familias. Algunos abandonan sus países de origen voluntariamente, pero la mayoría no tiene otra opción. Aunque las leyes y convenios internacionales exigen que Francia garantice su protección, en realidad se hace muy poco para proporcionar a los menores no acompañados refugio y una atención adecuada. Peor aún, la administración francesa impone procedimientos administrativos deliberadamente complejos y calculados para rechazarlos sobre la base de un examen de sus casos: un sistema que lleva a los jóvenes a una existencia desarraigada y precaria, a la vez que exonera a las autoridades de toda responsabilidad.

Descarga de la transcripción del testimonio de Mark, joven de Camerún atendido en el programa de MSF en Pantin, suburbio del norte de París.

Un traumatizante viaje al exilio
​Los menores no acompañados que llegan a Francia han sufrido largos, difíciles y a menudo traumáticos viajes, en los que la violencia es moneda común. Además de la brutalidad que los obligó a dejar todo atrás en sus países de origen, han tenido que bregar con la violencia, a veces extrema, que hallan en su ruta al exilio, especialmente cuando atraviesan Libia (donde se enfrentan a situaciones de cautiverio, violencia sexual y abuso físico, entre otras).

Y tienen poco respiro cuando llegan a Francia. Dejados a su suerte en un territorio desconocido y sin dinero, son particularmente vulnerables. Si no quieren dormir a la intemperie, tienen que familiarizarse rápidamente con las complejidades de los procedimientos administrativos para poder negociar su camino a través del sistema.

Un sistema complejo
​Desde la perspectiva administrativa, la burocracia involucrada en la obtención de asistencia para menores no acompañados es un verdadero dolor de cabeza. El primer paso implica una evaluación por parte de la Administración de su condición como menor no acompañado. Las evaluaciones consisten en una entrevista, que a veces apenas dura unos minutos, al final de la cual se decide si el joven no solo es menor de edad, sino si está o no acompañado y, como tal, tiene derecho a la atención de los Servicios de Protección de la Infancia.

En Francia, los Servicios de Protección de la Infancia deben —independientemente de la nacionalidad— ​ facilitar a todos los jóvenes menores de 18 años que no cuenten con la protección de los progenitores o de un tutor legal, un alojamiento y acceso a la salud y la educación. 

Descarga del informe competo en francés. Menores no acompañados, símbolos de una política de maltrato.

Durmiendo a la intemperie
​Proporcionar alojamiento inmediato, apropiado e incondicional durante un mínimo de cinco días es una obligación legal para cualquier menor que inicie el proceso de evaluación en un departamento francés. Sin embargo, cientos de adolescentes migrantes dicen que no se les ofrece un albergue temporal durante el proceso y que duermen al raso en las calles francesas mientras esperan que las autoridades reconozcan su condición.

Los jóvenes que los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) asisten en su centro en Pantin son aquellos que han sido considerados insuficientemente convincentes durante sus entrevistas de evaluación sobre la minoría de edad. El veredicto, a pesar de sus peticiones, es que la Administración no los reconoce como menores. Esto quiere decir que no reciben asistencia en forma de alojamiento, comida, atención médica ni educación, medios que les permitirían vivir y facilitarían su integración. En 2018, más de la mitad de los jóvenes dormía a la intemperie antes de su primera visita al centro de MSF.

Su único recurso es presentar una apelación ante los tribunales para tratar de obtener protección, otro proceso lento y engorroso. Muchos menores dependen completamente de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, pues las autoridades eluden su obligación de garantizar su protección, a pesar de que la ley estipula que todos los jóvenes deben ser considerados menores hasta que se agoten todos los recursos legales.

Sin embargo, después de impugnar la decisión inicial en el tribunal, muchos jóvenes logran ser reconocidos como menores lo que constituye un reflejo lamentable de las deficiencias de las evaluaciones, a menudo arbitrarias y superficiales, realizadas por los distintos departamentos del país.

Una lucha para asegurar el acceso a la atención médica
​Para los jóvenes extranjeros no acompañados, conseguir el acceso a la atención médica es una lucha cuesta arriba. Al no ser ni menores ni adultos, la atención que reciben es, a menudo, inadecuada y esporádica. Los procedimientos administrativos que podrían permitirles beneficiarse de la protección social son costosos, a pesar de que Francia debe garantizar el acceso a la atención médica y la protección de todos los menores que residen en su territorio. Pero el Estado no tiene en cuenta la situación especial de estos jóvenes. Dadas las terribles condiciones y, posible torturas, que padecen durante sus viajes y a que viven en la calle, no solo requieren atención médica sino también apoyo psicológico.

La realidad es que la atención disponible para los menores no acompañados no les permite escapar de la inseguridad de sus condiciones de vida y mucho menos les proporciona acceso a la atención médica. Peor aún, parece estar configurada de tal manera que les disuade de reclamar la asistencia a la que tienen derecho.