Goma, República Democrática de Congo, 02/11/2026.- Las autoridades de facto de la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática de Congo (RDC) —el Frente para la Refundación de la Nación (FRN), anteriormente AFC/M23— llevan meses imponiendo restricciones perjudiciales que impiden a las supervivientes de violencia sexual acceder a servicios sanitarios esenciales y las exponen a mayores riesgos. \u200b
Desde principios de 2026, las autoridades responsables de los servicios de salud en Kivu Norte han introducido o impuesto medidas dirigidas al personal sanitario, a los centros de salud y a las organizaciones humanitarias que suscitan serias preocupaciones en relación con la confidencialidad médica, la ética profesional, la protección de víctimas y supervivientes y el acceso a la atención sanitaria.
Entre estas medidas figura la restricción del reconocimiento de la violencia sexual únicamente a las personas que presentan signos visibles de lesiones, con el objetivo de reducir el número de víctimas y supervivientes reconocidas como tales. También incluyen exigir exámenes físicos intrusivos y médicamente innecesarios para demostrar que ha habido violencia o una agresión; obligar a víctimas y supervivientes a denunciar ante la policía antes de buscar atención; y restringir el acceso a la atención únicamente a quienes acudan dentro de las 72 horas posteriores a la agresión.
Las autoridades de facto también han ordenado a las organizaciones y a los proveedores de atención sanitaria —incluida MSF— que utilicen formularios que imponen preguntas intrusivas, estigmatizantes y no esenciales, sin relación con el tratamiento médico. Estos documentos exigen, entre otras cosas, los nombres y direcciones de las supervivientes, así como detalles sobre los presuntos agresores. Esto vulnera el secreto médico, expone a las supervivientes a riesgos adicionales y va en contra de las normas internacionales de ética médica. Pacientes —especialmente mujeres— han relatado haber sido interrogadas o amenazadas para disuadirlas de buscar atención en clínicas apoyadas por organizaciones humanitarias.
Profesionales sanitarios han comunicado a MSF que han sido amenazados con suspensión e incluso con penas de prisión si no acatan las nuevas medidas. Estas amenazas ya están disuadiendo a parte del personal sanitario de prestar atención esencial a víctimas y supervivientes de violencia sexual y, en algunos casos, les están llevando a abandonar por completo su actividad por miedo a represalias. Esto reduce aún más el acceso a la atención de una población que ya lo tiene muy limitado.
MSF ya está viendo el impacto de estas medidas, con un fuerte descenso de las consultas de víctimas y supervivientes de violencia sexual. En varios centros de salud apoyados por MSF en Kivu Norte, se han borrado decenas de registros de consultas relacionadas con violencia sexual. Como consecuencia, el número oficial de consultas se ha reducido. Algunos centros también han dejado de registrar este tipo de casos o solo han notificado cifras muy bajas durante varios meses.
El análisis de los datos procedentes de algunos de los centros de salud apoyados por MSF en Kivu Norte muestra una caída del 41% en el número de personas que solicitaron esta atención en agosto de 2026 en comparación con enero de 2026. Otros centros apoyados por la organización en la provincia también han registrado descensos significativos, pasando de atender a unas 80 víctimas y supervivientes al mes en 2025 a solo nueve al mes en 2026. Las comunidades también informan de un temor creciente a acudir a estos servicios.
“Que la crisis sea menos visible no hace desaparecer la violencia subyacente”, afirma Akke Boere, directora de Operaciones de MSF. “Una bajada en el número de casos notificados no significa que la violencia sexual esté disminuyendo. Simplemente significa que las víctimas se enfrentan a obstáculos para acceder a una atención segura y confidencial”.
“La prioridad debe ser eliminar las barreras de acceso a la atención, reforzar la protección y el acceso a la justicia, y abordar las condiciones que permiten que la violencia sexual continúe. Las restricciones actuales no son la forma de lograrlo: solo causan más daño a las víctimas”, añade Akke Boere.
MSF ha mantenido un diálogo regular con las autoridades de facto, incluida recientemente su dirección. Aunque estos intercambios han dado lugar a compromisos para abordar este problema, las medidas perjudiciales y restrictivas han continuado aplicándose.
“MSF pide al FRN que actúe de inmediato para garantizar que la atención a supervivientes de violencia sexual esté protegida, sea confidencial, accesible y esté centrada en las necesidades de salud”, afirma Boere. “Deben emitirse directrices oficiales a las autoridades sanitarias para garantizar que el personal de salud deje de estar sometido a presión, y las actividades deben supervisarse de forma que se preserve la confidencialidad y no se intimide ni perjudique a las supervivientes ni al personal sanitario”.
Al mismo tiempo, MSF subraya que el acceso a la atención sanitaria nunca debe depender de presentar una denuncia ante las autoridades o de emprender acciones legales. Si bien exigir responsabilidades a los perpetradores es esencial, condicionar la atención a la denuncia puede disuadir a víctimas y supervivientes de buscar tratamiento urgente y exponerlas a mayores daños.
Respuesta de MSF a la violencia sexual en el este de RDC
La violencia sexual en el este de República Democrática de Congo es una crisis de larga duración, agravada por décadas de conflicto armado, los abusos cometidos por todas las partes en conflicto, la debilidad de los sistemas de justicia y protección, la normalización social y normas de género perjudiciales.
Actualmente, MSF presta atención médica en 16 proyectos en las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri, y sigue siendo una de las pocas organizaciones que proporcionan atención de urgencia a víctimas y supervivientes en muchas zonas.
En 2024, cerca de 45.000 víctimas y supervivientes recibieron atención en centros apoyados por MSF en RDC; esta cifra aumentó a 53.000 en 2025. En la primera mitad de 2026, los equipos de MSF atendieron a más de 19.400 personas por violencia sexual solo en Kivu Norte.
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