Organizaciones de la sociedad civil apelan la decisión de la Oficina Europea de Patentes de mantener la patente de Gilead al medicamento para la hepatitis C

Madrid, 5 de diciembre.- Seis organizaciones acaban de presentar un recurso contra la decisión que tomó en septiembre la Oficina Europea de Patentes (EPO) de mantener la patente de la compañía farmacéutica estadounidense Gilead Science sobre el sofosbuvir, un medicamento clave para la hepatitis C.

El recurso, presentado por Médicos del Mundo (MdM), Médicos Sin Fronteras (MSF), Salud por Derecho y otras tres organizaciones europeas: AIDES (Francia), Access to Medicines Ireland y Praksis (Grecia), afirma que la Oficina Europea de Patentes (EPO) debe revocar la patente de Gilead porque no cumple con los requisitos para ser una invención patentable desde una perspectiva legal o científica.

Esta apelación se produce exactamente cinco años después de que se aprobara el uso del sofosbuvir por primera vez en Estados Unidos, donde Gilead lanzó el medicamento a 1.000 dólares la pastilla y 84.000 dólares el tratamiento de 12 semanas. La compañía ha ganado más de 51.000 millones de euros por la venta de este medicamento en los últimos cinco años.

En marzo de 2017, 33 organizaciones de la sociedad civil de 17 países europeos presentaron una oposición a la patente de Gilead sobre el componente base de sofosbuvir. Las organizaciones consideraron que la solicitud de patente no era legítima, principalmente debido a la falta de actividad inventiva.

En Europa, el monopolio de Gilead sobre el sofosbuvir le ha permitido establecer precios excesivos a este medicamento. En algunos países, Gilead cobra hasta 43.000 euros por un tratamiento de doce semanas, cuando las versiones genéricas de este mismo fármaco se pueden comprar fuera de Europa por menos de 75 euros. Estos precios exorbitantes han obligado a los sistemas de salud a racionar el sofosbuvir, dejando a miles de personas con hepatitis C sin tratamiento en Europa.

Sin embargo, a pesar de los argumentos convincentes presentados por las organizaciones que se oponen a la patente, el 14 de septiembre de 2018, la EPO decidió mantener la patente de Gilead, lo que hace imposible producir o vender versiones genéricas asequibles del medicamento en Europa.

"La EPO está siendo demasiado indulgente con las compañías farmacéuticas, dándoles barra libre", asegura Olivier Maguet, de la Campaña sobre el precio de medicamentos de Médicos del Mundo. “Es necesario que haya un escrutinio mucho mayor en Europa cuando se trata de determinar si las empresas farmacéuticas merecen patentes o no; de lo contrario, los monopolios injustificados seguirán dando lugar a precios de medicamentos fuera de control ".

El objetivo del recurso es poner fin al abuso que las farmacéuticas hacen de los sistemas de patentes de medicamentos para aumentar sus ganancias, incluso en países fuera de Europa, donde las oficinas de patentes a menudo siguen las decisiones de la EPO cuando examinan las patentes presentadas por empresas farmacéuticas. Es el caso de algunos de los nuevos medicamentos patentados, como los que se usan para tratar el cáncer, que llegan al mercado con precios que alcanzan los 400.000 euros por paciente. Hay una urgente necesidad de reformar los sistemas de patentes para que las personas tengan acceso a los medicamentos que necesitan.

"En Europa, las patentes injustificadas le están dando a las compañías farmacéuticas el poder de un monopolio que les permite cobrar precios desorbitados por muchos fármacos que salvan vidas", asegura Gaëlle Krikorian, responsable de Políticas de la Campaña de Acceso a medicamentos de Médicos Sin Fronteras. “Los precios excesivos que Gilead está cobrando por el sofosbuvir han mantenido a este medicamento innovador fuera del alcance de millones de personas con hepatitis C en Europa y en todo el mundo. ¿Qué sentido tiene la innovación médica si las personas y los sistemas de salud no pueden pagar por los fármacos que resultan de esa innovación?”

“La EPO debería revocar esta patente y evitar monopolios en los medicamentos que, además, se han desarrollado con una parte importante de dinero público, como venimos denunciando desde hace tiempo”, asegura Vanessa López, directora de Salud por Derecho. “El alto precio de este y otros fármacos está poniendo en riesgo la sostenibilidad de nuestro sistema de salud. Tanto es así que, en España, hasta el año pasado, se racionaron los tratamientos y solo se ofrecieron a personas en las fases más avanzadas de la enfermedad. ¿Qué pasará con los nuevos fármacos innovadores que están por venir?”.