Niveles récord de los ataques contra la asistencia médica en los conflictos armados ​

Ámsterdam/Madrid, 21 de enero de 2026.- Los ataques contra la asistencia médica en los conflictos armados han alcanzado niveles récord. Las partes beligerantes, incluidos los Estados, eluden cada vez más su obligación, en virtud del derecho internacional humanitario (DIH), de proteger las instalaciones, el personal, los pacientes y los vehículos médicos, según un nuevo informe de Médicos Sin Fronteras (MSF). Casi diez años después de la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que condenaba los ataques contra la asistencia sanitaria y pedía el fin de la impunidad, los Estados deben cumplir el DIH, respetar la vida de los civiles, garantizar la rendición de cuentas y revertir la cultura de impunidad.

El informe, titulado 'La atención médica en el punto de mira', recoge datos de bases de datos internacionales existentes y de la propia experiencia de MSF en conflictos armados. En 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la Organización Mundial de la Salud informó de un total de 1.348 ataques contra instalaciones médicas, que causaron la muerte de 1.981 personas, pacientes y personal sanitario. Esto supuso un aumento significativo de las muertes entre el personal médico y los pacientes en zonas de conflicto, que se duplicaron con respecto a las 944 registradas en 2024. El año pasado, Sudán fue el país más afectado, con 1.620 personas asesinadas, seguido de Myanmar con 148, Palestina con 125, Siria con 41 y Ucrania con 19 personas asesinadas.

Un cambio de narrativa: de "error" a "pérdida de protección"

El informe de MSF destaca un preocupante descenso en el respeto del DIH por parte de las partes beligerantes. Esta tendencia es evidente tanto en los datos estadísticos como en las declaraciones realizadas por miembros de los Gobiernos, figuras militares y otras personas involucradas en conflictos armados.

“Las partes beligerantes han cambiado la narrativa de los 'ataques por error' a una justificación de que las instalaciones médicas y el personal humanitario 'han perdido la protección' que les otorga el DIH. Este cambio refleja a menudo una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil”, afirma Erik Laan, experto en incidencia política de MSF.

En algunos casos, los ataques pueden deberse a interpretaciones erróneas del DIH o al aprovechamiento de ambigüedades tanto en el derecho convencional como en el consuetudinario. En consecuencia, la carga de la responsabilidad ha cambiado: en lugar de ser consideradas automáticamente civiles y, por lo tanto, protegidas, las comunidades y las instalaciones sanitarias deben ahora demostrar que no son objetivos militares.

“A menudo se pasan por alto las obligaciones fundamentales de las partes beligerantes, como la de avisar con antelación antes de un ataque”, explica Laan. “Esto impide que los centros médicos respondan a las denuncias de pérdida de protección o evacúen a los pacientes”.

Los Estados, responsables de la mayoría de los ataques en 2024

En 2024, los últimos datos disponibles de la Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos documentaron 3.623 incidentes dirigidos contra la atención sanitaria, un 15 % más que en 2023 y un 62 % más que en 2022. En 2024, aproximadamente el 81 % de los incidentes de violencia contra la atención sanitaria se atribuyeron a grupos estatales.

“La participación del Estado en los conflictos armados plantea retos específicos para la protección de la atención médica, ya que los grupos estatales son más propensos que los grupos armados no estatales a llevar a cabo ataques aéreos y utilizar explosivos, especialmente en zonas densamente pobladas”, afirma Raquel González, coordinadora de MSF España y responsable de la campaña 'Nuestra Línea Roja' con la que la organización denuncia los ataques a la misión médica y pide el respesto del DIH.

La violencia contra la atención médica y humanitaria provoca el cierre de servicios médicos esenciales y la retirada de las organizaciones humanitarias, lo que corta el acceso a la atención sanitaria a comunidades que a menudo no tienen alternativas. Las personas que viven en zonas de conflicto ya se ven afectadas por la violencia, y la pérdida de la atención médica hace que sus vidas sean aún más insoportables”.

El personal contratado localmente se ve especialmente afectado por estos ataques. Según la Base de Datos sobre Seguridad de los Trabajadores Humanitarios, entre 2021 y 2025, 1.241 miembros del personal contratado localmente fueron asesinados, 1.006 resultaron heridos y 604 fueron secuestrados en todo el mundo. Representan el 98 % del total de trabajadores humanitarios asesinados, el 96 % de los heridos y el 94 % de los secuestrados.

Hospital destruido en Lyman, óblast de Donetsk (enero 2023). COLIN DELFOSSEComplejo hospitalario Al Shifa tras 14 días de asedio por parte de las fuerzas israelíes, abril de 2024. MSFAtaque al Hospital Saudí de El Fasher (Sudán), diciembre de 2024. MSFHospital de MSF en Old Fangak, Sudán del Sur, tras ser bombardeado deliberadamente el 3 de mayo de 2025. MSF

Reforzar el respeto del DIH

El 3 de octubre de 2015, MSF sufrió uno de los ataques más mortíferos contra su personal, sus pacientes y sus instalaciones cuando un avión de combate AC-130 de los Estados Unidos bombardeó el centro de traumatología de Kunduz, en Afganistán. El ataque causó la muerte de 42 personas, entre ellas 14 miembros del personal de MSF. Siete meses después, tras la presión ejercida por el sector humanitario, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2286 sobre la protección de las instalaciones y el personal médicos, en la que se pedía el fin de la impunidad de los responsables y el respeto del DIH. Más de diez años después del ataque de Kunduz, la atención médica y la acción humanitaria en los conflictos armados siguen siendo objeto de ataques, posiblemente más que nunca.

“Esta resolución fue un rayo de esperanza, ya que era la primera vez que estas preocupaciones se abordaban en una decisión vinculante”, afirma Laan. “Sin embargo, solo 6 de los entonces 15 miembros del Consejo de Seguridad que adoptaron la Resolución 2286 habían ratificado todos los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra, que refuerzan la protección de las víctimas de los conflictos armados”.

Las propias leyes y la legislación de un país, que en última instancia incorporan las obligaciones jurídicas internacionales, desempeñan un papel crucial en este contexto. La legislación nacional, si no se elabora cuidadosamente teniendo debidamente en cuenta el DIH, puede socavar las obligaciones del DIH en la práctica, en particular el derecho a la atención médica para todos, incluidas las personas calificadas como 'enemigas' por una parte beligerante.

"Los Estados deben cumplir el derecho internacional, y todas las partes beligerantes deben garantizar mecanismos adecuados para la intervención militar a fin de asegurar la protección de la atención médica, impedir el uso de instalaciones médicas con fines militares e integrar la protección de las misiones médicas en la doctrina militar y la toma de decisiones", afirma Laan. "Los Estados también deben rendir cuentas cuando incumplan dichas leyes. Deben aceptar misiones independientes de investigación, llevar a cabo sus propias investigaciones y compartir los resultados de forma transparente. Estos mecanismos son esenciales para establecer los hechos y contribuir a garantizar la rendición de cuentas y contrarrestar la cultura de impunidad imperante", concluye.