MSF valora el cambio de posición de España respecto a las patentes COVID-19 y pide un compromiso más firme a nivel europeo

La organización entrega hoy más de 73.000 firmas en el Ministerio de Industria y Comercio a favor de la exención de la propiedad intelectual COVID-19 mientras dure la pandemia

Madrid, 12 de mayo de 2021.- El impulso que el apoyo de la Administración norteamericana ha supuesto para la supresión temporal de las patentes COVID-19 corre el riesgo de perderse en debates poco ambiciosos, alerta Médicos Sin Fronteras (MSF). La tibia reacción de los líderes de la UE y de algunos de los estados miembros en el pasado Foro de Oporto y las vacilaciones europeas amenazan con dilatar una iniciativa que lleva sobre la mesa desde el pasado octubre y que resulta clave para aumentar las fuentes de producción y suministro de vacunas y tecnología médica frente al coronavirus.

Valoramos positivamente las propuestas de España para incrementar la producción y distribución de las vacunas contra la COVID-19 y el espíritu que subyace en el documento presentado en el Foro de Oporto para encontrar soluciones. No obstante, esperamos un compromiso en firme con la propuesta de India y Sudáfrica de suspender temporalmente las patentes no solo las vacunas sino también de otras herramientas médicas como los tratamientos y los diagnósticos para el coronavirus, pues es una medida que facilita el aumento de la capacidad de producción a medio plazo”, afirma Raquel González, responsable de Relaciones Externas de MSF.

“Las patentes son un barrera indudable para incrementar la capacidad de producción y la distribución equitativa”, Raquel González

El Gobierno español llevó una propuesta al Foro en la que se recoge que “la propiedad intelectual no puede ser un obstáculo en la lucha contra la COVID-19 ni para los esfuerzos por garantizar el acceso equitativo y universal a las vacunas”. En el documento menciona la necesidad de “alcanzar un consenso de manera urgente sobre la propuesta de la exención temporal sobre ciertas obligaciones del Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) planteada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

Esta mañana, MSF ha hecho llegar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la petición de 73.614 personas dirigida al Gobierno español para que apoye la supresión de algunos derechos sobre patentes mientras dure la pandemia.

"La escasez de diagnósticos, tratamientos y otras herramientas médicas vitales siguen añadiendo presión a países como India o Perú", David Noguera, presidente de MSF

MSF considera que la exención de estas patentes, sin ser la única solución ni una medida excluyente, permitiría a los países contar con más herramientas para hacer frente a las limitaciones de las normas de propiedad intelectual actuales y eliminar las barreras legales que obstaculizan la producción y el suministro de productos médicos COVID-19. “Las patentes son un barrera indudable para incrementar la capacidad de producción y la distribución equitativa y como tal deben ser retiradas”, añade Raquel González.

“La escasez de diagnósticos, tratamientos y otras herramientas médicas vitales siguen añadiendo presión a países como India o Perú, donde los equipos de MSF son testigos del aumento de casos y de una situación que ha situado los sistemas sanitarios al borde del colapso”, David Noguera, presidente de MSF.

Tibieza europea
La postura de España, y de otros países, favorable a la exención no es compartida por todos los estados europeos. A pesar de la urgencia de la situación y la desigualdad en el acceso a las vacunas COVID, la UE ha arrojado un jarro de agua fría a la suspensión. Aunque se muestra abierta a estudiar la iniciativa, sigue mostrándose crítica y desvía la discusión hacia otras medidas centradas en no entorpecer la exportación de dosis y de suministros para la producción de vacunas y en favorecer los acuerdos voluntarios entre las empresas farmacéuticas.

“Aunque la apertura a la negociación expresada por los líderes de la UE supone un cambio respecto a la posición que llevan defendiendo desde octubre, esta es demasiado tímida. Ya hemos empleado siete meses en llegar hasta aquí, no podemos dedicar otros tantos a nuevos debates. Es necesario y urgente bajar a la realidad y materializar medidas para aumentar la producción de vacunas y superar el cuello de botella al que nos enfrentamos actualmente”, reclama Raquel González.

En este sentido, MSF recuerda las trágicas consecuencias del retraso en ampliar el acceso a los antirretrovirales en la lucha contra otra pandemia: la del VIH/sida. ​ ​

Un precedente histórico
En los 90, personas con VIH llegaban a las clínicas de MSF en Sudáfrica en camillas o llevados a cuestas por sus familiares debido a su condición crítica. Pacientes fallecían en la sala de espera sin poder permitirse pagar los fármacos antirretrovirales. Se estima que en el año 2000, cuando había unos 24 millones de personas viviendo con VIH, se produjeron 1,4 millones de muertes y apenas medio millón de pacientes recibían tratamiento (la mayoría, en países desarrollados).

En 2001, la ‘Declaración de Doha’ reconoció el derecho de los gobiernos a tomar todas las medidas necesarias para eliminar las patentes y otras barreras de propiedad intelectual para priorizar la salud pública frente a los intereses comerciales.

Hoy, aunque la cifra de contagiados se sitúa en los 38 millones, los fallecimientos han descendido a más de la mitad (690.000) porque más de 26 millones de personas tienen acceso a antirretrovirales, según un informe de Onusida de 2020.

Antes de Doha, el precio cobrado por el cóctel de medicamentos para tratar el VIH era de más 10.000 dólares por persona/año debido a las patentes. Con la ruptura del monopolio y la entrada de genéricos el precio de los antirretrovirales cayó un 99% en apenas una década. La movilización social y la voluntad política fueron claves para cambiar un statu quo que, desgraciadamente, se cobró un enorme coste en vidas mientras se mantuvo.

La profunda estela de la COVID-19
La pandemia está agravando situaciones de inseguridad alimentaria, pobreza y generando enormes problemas de acceso a los servicios sanitarios. El retraso en la vacunación y en el acceso a tratamientos y diagnósticos va a agravar los efectos colaterales de la pandemia y a retrasar la recuperación de estos países. El 90% de los países han experimentado interrupciones y parálisis de los servicios de salud y el mayor impacto se está dando en los países de ingresos medios y bajos. ​

El impacto en las vacunaciones ha sido global como demuestra que el servicio más interrumpido en todo el mundo haya sido la inmunización rutinaria. En diciembre de 2020, más 160 millones de niños estaban afectados por el retraso o la cancelación de campañas de inmunización. Aunque se han recuperado muchas de las campañas pospuestas, en marzo de este año, 50 países seguían teniendo retrasadas o suspendidas campañas de vacunación. ​ ​

La OMS advirtió de que espera un aumento del 14% en los casos de desnutrición infantil severa en 2020 año, es decir 10.000 muertes infantiles más al mes debido a la crisis de la COVID-19.

 

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