MSF reclama a los países que construyan un consenso en el seno de la OMC y respalden la histórica propuesta para suspender las patentes durante la pandemia

Madrid/ Ginebra, 15 de diciembre de 2020.- Médicos Sin Fronteras (MSF) reclama a los países que primen la solidaridad y construyan un consenso en torno a la propuesta histórica de India y Sudáfrica de renunciar a cierta propiedad intelectual durante la pandemia de COVID-19. Este llamamiento se produce en un contexto de pandemia marcado por el aumento de los casos de COVID-19 en todo el mundo y el día antes de la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tendrá lugar mañana y pasado y en la que el Consejo General de la OMC analizará un informe sobre la propuesta.

Si se adoptara la propuesta de exención de propiedad intelectual permitiría a los países optar por no otorgar, hacer cumplir ni aplicar patentes y otras exclusividades que podrían impedir la producción y suministro de herramientas médicas COVID-19, y facilitaría una mayor y más rápida colaboración para el desarrollo, producción y suministro de productos COVID-19 sin estar restringidos por intereses corporativos.

"Los gobiernos no pueden ni deben desperdiciar esta oportunidad histórica. No podemos repetir las dolorosas lecciones de los primeros años de la respuesta a la pandemia del VIH/sida", recuerda Hu Yuan Qiong, coordinadora de Políticas de la Campaña de Acceso de MSF. "Esta propuesta brindaría a los países más herramientas para abordar las barreras legales para extender la producción y el suministro de productos médicos necesarios para el tratamiento y la prevención de la COVID-19".

Incluso en medio de una pandemia mundial tan virulenta, las corporaciones farmacéuticas mantienen su enfoque habitual, como si no pasara nada, centrado en maximizar las ganancias. Los últimos meses han revelado varios casos e indicios que muestran cómo la propiedad intelectual ha obstaculizado, o plantea serias amenazas de que lo hará, la fabricación y el suministro de diagnósticos, equipos médicos, tratamientos y vacunas necesarios para responder a esta pandemia. Así, Sudáfrica enfrentó obstáculos para acceder a reactivos esenciales para las pruebas de diagnóstico de COVID-19 debido a la protección patentada en las máquinas de análisis y en los propios reactivos químicas. En Italia, por ejemplo, titulares de patentes amenazaron a productores de válvulas de ventilador impresas en 3D con demandas por infracción de patentes.

"Depender de la buena voluntad empresarial o de la caridad en forma de donaciones no es una solución en una pandemia global", afirma Felipe de Carvalho, coordinador de la Campaña de Acceso de MSF en Brasil. “Una y otra vez somos testigos en nuestro trabajo de los esfuerzos que la industria farmacéutica realiza para proteger sus patentes y ganancias, a pesar del inmenso coste humano. No podemos permitir que los medicamentos, las pruebas y las vacunas desarrollados para combatir el COVID-19 se conviertan en un lujo para unos pocos; deben ser accesibles para todos y en todas partes. Para ello, renunciar a las patentes y la propiedad intelectual es un paso fundamental".

La industria farmacéutica y otros actores que se oponen a la suspensión temporal de las patentes están realizando afirmaciones que inducen a error en el sentido de que la propiedad intelectual ha permitido el avance de los medicamentos y vacunas COVID-19. En realidad, han sido los recursos del sector público y la financiación filantrópica los principales impulsores de los esfuerzos de investigación sin precedentes, a través de la inversión de miles de millones de euros para apoyar la I+D de herramientas médicas COVID-19. Además, los gobiernos, los trabajadores de la salud, los pacientes, los supervivientes y la ciudadanía en general han contribuido enormemente a los ensayos clínicos y otras actividades de I + D sobre diferentes terapias y vacunas. Sin embargo, muchas de las farmacéuticas se afanan por comercializar y monopolizar los avances científicos que se originan en los laboratorios públicos con financiación pública en todo el mundo.

“Defender la protección del monopolio es la antítesis del clamor actual para que los medicamentos y vacunas COVID-19 sean tratados como bienes públicos globales”, recalca Hu. "En estos tiempos sin precedentes, los gobiernos deben actuar juntos en interés de toda la humanidad".

Kenia, Eswatini (antes Suazilandia), Pakistán, Mozambique y Bolivia se han sumado oficialmente como copatrocinadores de la propuesta. Desde el comienzo de las discusiones en el Consejo los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en octubre, 100 países han acogido con satisfacción la propuesta o la han apoyado plenamente. Sin embargo, un pequeño grupo de estados miembro de la OMC (Australia, Brasil, Canadá, la Unión Europea, Japón, Noruega, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos) están denegando el apoyo que ayudaría a construir un consenso sobre la propuesta. Algunos de estos países han respaldado tradicionalmente los intereses de sus empresas farmacéuticas a través del sistema de propiedad intelectual basado en patentes y monopolios.

En estos momentos, España secunda la posición de la UE. MSF y Salud por Derecho han enviado cartas al Gobierno de España para pedirle un apoyo contundente a la propuesta y que trabaje para cambiar la posición de la Unión Europea para que la iniciativa salga adelante.

Con este objetivo, MSF ha lanzado una campaña de firmas para pedirle al Presidente del Gobierno que España no bloquee la propuesta y apoye la construcción de un consenso clave para suspender las patentes hasta que se logre la inmunidad de grupo mundial.

Barreras de la protección intelectual en el contexto del COVID-19: 3 estudios de caso¹

Reactivos del test diagnósticos
​La mayoría de los laboratorios de COVID-19 en Holanda trabajan con equipos fabricados por la farmacéutica Roche y dependen de la empresa para el suministro de los reactivos de las pruebas, que son el tampón líquido necesario para ejecutar las pruebas. Su escasez fue una de las razones por las que Holanda no pudo realizar pruebas masivas de COVID-19 durante las primeras etapas de la pandemia a fines de marzo. A pesar de ello, Roche se negó inicialmente a proporcionar la fórmula, lo que impidió que los laboratorios produjeran rápidamente su propia solución y aumentaran su capacidad de análisis. Tras la presión pública, y después de que el ministro de Salud holandés planteara emitir una licencia obligatoria y la Comisión Europea comenzara a investigar a Roche por un posible abuso de su posición en el mercado, la compañía acordó publicar la fórmula del componente para que otros lo elaboraran. Este caso ejemplifica cómo la propiedad intelectual puede suponer una barrera para producir reactivos para el diagnóstico que pueden afectar negativamente la capacidad de un laboratorio o país para analizar muestras, una parte esencial del control de la pandemia.

Válvulas de respiradores mecánicos
​En marzo se informó que un hospital del norte de Italia comenzó a quedarse sin válvulas respiradores mecánicos y que su proveedor habitual no podía producir más a corto plazo. Dos ingenieros de una empresa emergente cercana se ofrecieron a fabricar más válvulas con una impresora 3D. Después de que el fabricante negara el acceso al diseño de la válvula y amenazara con demandar por infracción de la patente, los ingenieros procedieron a aplicar la ingeniería inversa en una versión producida en 3D. Las válvulas de reemplazo impresas en 3D, que salvaron muchas vidas, cuestan alrededor de 2 a 3 dólares cada una, frente a los 11.000 por válvula del fabricante, y se pueden fabricar en menos tiempo. Los ingenieros recibieron cientos de solicitudes para sus válvulas impresas en 3D, pero no difundieron su archivo de impresión digital más masivamente debido a posibles cuestiones legales y médicas.
​Después de la historia, un bufete de abogados advirtió que “los fabricantes deben ser conscientes de los complejos problemas de propiedad intelectual relacionados con esta tecnología de impresión 3D. Al escanear un componente, como una válvula, y fabricar una pieza con un equipo de impresión 3D, existe el riesgo de que esta acción infrinja una patente, diseño o derechos de autor existentes que protegen el componente, dando lugar a una orden judicial o reclamación por parte del titular de los derechos". Existen implicaciones legales complejas al producir copias de herramientas médicas que salvan vidas. Cualquier persona o empresa que pretenda fabricar piezas mediante impresión 3D debería identificar: el alcance de la protección de la propiedad intelectual; quiénes son los titulares y si estos están dispuestos a permitir que se fabriquen las piezas mediante los términos y condiciones que puede imponer el titular del derecho). Este es un proceso costoso, lento y complejo. En marzo, la OMS señaló la falta de respiradores en todo el mundo. Eliminar las barreras de propiedad intelectual, incluidas aquellas que rodean a la impresión 3D, puede ser fundamental para abordar una escasez que puede cobrarse vidas.

Mascarillas N95
​Las mascarillas N95, un tipo fundamental de mascarilla protectora para los trabajadores de la salud, han escaseado durante la pandemia de COVID-19. La mascarilla está protegida por cientos de patentes propiedad del Gobierno de EEUU, la multinacional 3M, empresas de papel y de salud, particulares y universidades. En marzo de 2020, el gobernador de Kentucky pidió a 3M que cediera su patente para la mascarilla N95 para que más fabricantes pudieran comenzar a producirlas. 3M no ha cedido su patente hasta la fecha.

​_{1Analizados y recopilados con el apoyo de Third World Network, una red internacional independiente sin ánimo de lucro conformada por organizaciones e individuos involucrados en temas relacionados con el desarrollo y las relaciones Sur y Norte-Sur.TWN reúne información sobre biotecnología, finanzas y desarrollo y acuerdos bilaterales de libre comercio.}