MSF expresa su preocupación por la nueva ley de migración en Grecia

Atenas / Madrid, 15 de enero de 2026.- El Ministerio de Migración griego ha presentado una nueva ley de migración que aumenta considerablemente los riesgos para las organizaciones humanitarias. El proyecto de ley considera la pertenencia a una ONG como un factor agravante en los delitos relacionados con la migración, lo que expone a los trabajadores humanitarios a severas penas de prisión y multas, independientemente de su intención o beneficio. También permite la suspensión y la baja del registro de las ONG basándose únicamente en la incoación de un proceso penal contra un solo miembro del personal, sin que haya habido condena alguna.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha expresado formalmente su preocupación durante el periodo de consulta pública, advirtiendo que estas disposiciones violan el derecho de la UE y el derecho internacional, ignoran las recomendaciones de la ONU y de Europa y socavan la acción humanitaria vital en un momento en que se producen continuos naufragios y aumentan las necesidades en las fronteras de Grecia.

Sonia Balleron, coordinadora general de MSF en Grecia:

“Estamos siendo testigos de una preocupante tendencia mundial: los ataques a las ONG. Y Grecia no es una excepción. La solidaridad y la ayuda humanitaria no son delitos, pero la nueva ley de migración criminaliza la labor humanitaria. Al convertir la pertenencia a una ONG en un factor agravante, expone a los trabajadores humanitarios a penas de hasta 10 años de prisión y fuertes multas por el simple hecho de salvar vidas, proporcionar atención médica o apoyar a las personas que solicitan asilo.

Esto viola el derecho de la UE y el derecho internacional, ignora las repetidas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales y se produce en un momento en el que se producen naufragios mortales y la crisis humanitaria en las fronteras de Grecia se agrava. Lo que se necesita es cooperación, no criminalización.

Y el proyecto va aún más allá: un proceso penal contra un solo miembro de una ONG puede permitir al Ministerio de Migración eliminar a la ONG del registro oficial, incluso antes de que se dicte sentencia.

Durante el periodo de consulta pública, MSF pide que se elimine la pertenencia a una ONG como factor agravante y que se proteja explícitamente la labor humanitaria.

La ayuda humanitaria no es un delito, sino un derecho, y criminalizarla es una decisión política deliberada”.