MSF exige en el Congreso de los Diputados la protección de los civiles, el personal sanitario y los hospitales en las guerras
La organización médico-humanitaria ha organizado hoy la jornada 'La acción humanitaria y la protección a la misión médica: un compromiso parlamentario', en la sala Ernest Lluch
Madrid, 17 de junio de 2024.- Médicos Sin Fronteras (MSF) ha pedido hoy en el Congreso de los Diputados más compromiso y un mayor liderazgo internacional para acabar con los ataques a los hospitales, al personal sanitario y a los civiles atrapados en los conflictos armados.
“Los hospitales han dejado de ser lugares seguros en muchos conflictos, y el personal médico y los pacientes han sido desprovistos del Derecho Internacional Humanitario, que sigue siendo la expresión más clara de nuestro acuerdo global para proteger a la humanidad ante el monstruo de la guerra”, ha afirmado la directora general de MSF, Marta Cañas, durante jornada “La acción humanitaria y la protección a la misión médica: un compromiso parlamentario”.
Los ataques contra las instalaciones médicas y sanitarias ya sean deliberados o indiscriminados, privan a las poblaciones de estos servicios cuando más los necesitan, aumentando las posibilidades de brotes de enfermedades infecciosas -que pueden derivar en epidemias- e incrementan los riesgos para los pacientes crónicos.
En lo que va de año, se han registrado al menos 520 ataques a la misión médica, según la Organización Mundial de la Salud. En Gaza, este organismo “ha reportado más de 400 ataques contra el personal sanitario, instalaciones médicas y ambulancias desde el 7 de octubre de 2023. La mitad de los hospitales de Gaza están inoperativos”, ha explicado la directora general de MSF. La organización ha emitido en la sala Ernest Lluch una grabación con sonidos de bombardeos como los que se suceden día a día en la Franja, para exigir una vez más un alto el fuego inmediato y duradero en Gaza.
Los hospitales deberían ser el último reducto de humanidad en las guerras. Lamentablemente, el listado de lugares -Camerún, Siria, Yemen, Sudán, entre otros- donde esto no se cumple es dolorosamente largo. “La población sudanesa está sufriendo enormemente debido a los intensos combates y a que el sistema de salud y los servicios básicos han colapsado o han sido dañados por ambas partes. Sólo entre el 20 y el 30% de los centros de salud siguen funcionando en Sudán”, ha contado el coordinador médico de MSF, José Sánchez, en videoconferencia desde ese país. Sudán está experimentando una de las mayores crisis de desplazados del mundo. Más de 9,2 millones de personas han tenido que huir de sus hogares, de estas, más de 7,1 millones están desplazadas dentro del país.
La 2286, más necesaria que nunca
La Resolución 2286 de Naciones Unidas, que afirma y amplía las protecciones a la misión médica en tiempos de conflicto, se aprobó en 2016 con un amplio respaldo de los Estados miembros de la ONU. No obstante, los ataques a instalaciones médicas no han cesado. Además, durante los últimos años, se viene observando un claro aumento de ataques durante actividades que se realizan fuera de los centros de salud, como el desempeño de clínicas móviles, el traslado de pacientes en ambulancia y las dinámicas de promoción de la salud, entre otras.
“La OMS ha reconocido las actividades externas a las estructuras hospitalarias y los centros de salud como un pilar básico para la mejora del acceso a la salud. Sin embargo, es precisamente durante éstas cuando el personal está siendo atacado o detenido de forma deliberada. Es momento para que la Resolución 2286 dé una respuesta más contundente a este tipo de violencia contra el personal humanitario ”, ha exigido la directora general de MSF.
Criminalización de la población
La jornada ha contado también con Ruth Conde, enfermera pediátrica de MSF que ha trabajado en Gaza durante esta última crisis. “Por primera vez he sentido que no hay ningún derecho o ley que me proteja, ni a mis compañeros ni, lo más importante, a nuestros pacientes. Al no respetar las normas más básicas y elementales de cuidado y protección de la población civil, estamos creando un precedente aterrador para las guerras de ahora y para las guerras del futuro. ¿Quién nos protegerá a nosotros? ¿Quién los protegerá a ellos? ¿Quién los cuidará?”, se ha preguntado durante su intervención.
En muchos de los contextos donde trabaja MSF, la organización está siendo testigo de cómo leyes y políticas antiterroristas criminalizan a las poblaciones y limitan la asistencia humanitaria en zonas de violencia extrema. Es decir, donde más se necesita. Bajo esas leyes, los estados designan la totalidad de grandes áreas controladas por grupos terroristas o milicias insurgentes como hostiles y a la totalidad de su población como objetivo militar. Solamente importan las zonas designadas como objetivos, no las personas que las habitan.
Bajo la premisa del ‘todos son terroristas’, las organizaciones humanitarias ven coartado su acceso a esas zonas. “Gran parte de la población civil se ve desplazada y despojada tanto de sus bienes como de sus derechos más básicos. Y es justamente a estas personas a las que dichas leyes no nos permiten llegar ni atender. Lo vemos en Níger, Nigeria, Burkina Faso”, ha explicado Marta Cañas.
Un compromiso del Gobierno con la ayuda humanitaria
La implementación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad Global, y la Estrategia de Diplomacia Humanitaria suponen una oportunidad para el Gobierno de España de reforzar los mecanismos y los esfuerzos diplomáticos para mejorar la protección tanto de la misión médica, como el acceso y protección a las poblaciones. “Esperamos que el VI Plan Director de la Cooperación Española, actualmente en proceso, incorpore el compromiso con estos elementos de manera clara”, ha dicho Cañas.
La organización insta al Gobierno español, y concretamente al Congreso de los Diputados, al refuerzo de las siguientes recomendaciones, en línea con la Estrategia Española de Diplomacia Humanitaria 2023 - 2026:
- Asegurar el acceso a poblaciones en crisis y la creación de un marco seguro sin restricciones ni condicionantes para el ejercicio de la acción humanitaria independiente, bajo la promoción del respecto al DIH, que establece distinciones claras entre civiles y combatientes, y respetando los marcos legales de protección establecidos en la Convención de Ginebra.
- Promover que las leyes antiterroristas excluyan de su ámbito de aplicación las actividades que sean estrictamente humanitarias e imparciales, porque menoscaba de forma directa el acceso, la protección y la asistencia a las personas afectadas por conflictos armados.
- Garantizar la salvaguarda de las exenciones de carácter humanitario, evitando que las sanciones perjudiquen la capacidad operativa asistencial de los actores humanitarios.
- Preservar la inviolabilidad y la protección de la atención médica y humanitaria, garantizando el acceso del personal sanitario y permitiéndose la entrada rápida y sin trabas de ayuda humanitaria a las zonas donde se necesite
- Aunar esfuerzos a nivel internacional para garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones 2573 (2021), que garantiza el respeto del DIH, y 2286 (2016) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y para que se den esfuerzos significativos en el impulso de medidas específicas para ello.
- Incorporar medidas para proteger, incluyendo indemnizaciones por parte del Estado, a trabajadores humanitarios que fallezcan o sufran secuestros que provoquen daños físicos o psicológicos que condicionen la vuelta a su actividad laboral.
Materiales para medios
Recomendaciones y peticiones de MSF para la protección de la misión médica y la población civil.pdf
PDF 320 KB
Discurso de la directora general de MSF, Marta Cañas, en el Congreso de los Diputados. 17/06/2024.pdf
PDF 149 KB
Discurso de Ruth Conde, enfermera de MSF, en el Congreso de los Diputados. 17/06/2024.pdf
PDF 49 KB
Ivan M. García