Mali central, cuando la única opción es huir

Bamako / Madrid, 28 de diciembre de 2020.- La zona central de Mali es, en estos momentos, la región más mortífera del país para la población civil. En los últimos tres años, la violencia se ha intensificado considerablemente y presenta unas cifras y un panorama alarmante de heridos, víctimas mortales y personas desplazadas forzadas a abandonar sus hogares. Médicos Sin Fronteras (MSF) trabaja en la región dando apoyo al sistema de salud y accediendo a poblaciones aisladas mediante un modelo de atención médica comunitaria.

“Los criminales vinieron a nuestra aldea durante la noche y mataron a mi esposo, quemaron nuestra casa y se llevaron todo nuestro ganado”, dice A*. “Recogí lo que quedaba de nuestras posesiones y hui con mis cuatro hijos. Desde ese día, mi hijo más pequeño no ha dejado de llorar. Cada vez que ve a un hombre, cree que es su padre". Esta madre, ahora viuda, ha llevado a su hijo a la clínica móvil de MSF. Ella y sus hijos han encontrado refugio en una aldea a 40 kilómetros de la ciudad de Koro, en el centro de Mali.

La historia de A. es una de muchos relatos similares. Mopti, la región central de Mali, que limita con Tombuctú al norte y con Burkina Faso al sureste, es en la actualidad la zona más mortífera y peligrosa del país para los civiles. Las comunidades de pastores peul y de agricultores dogón, mayoritaria en esta región, son las principales víctimas de las matanzas, la destrucción y el saqueo.

En los últimos dos años, los incidentes violentos han aumentado tanto en número como en gravedad. La población del centro del país se encuentra atrapada entre grupos armados, de autodefensa e incluso fuerzas de seguridad nacionales o internacionales¹. A todo ello se suman conflictos locales intercomunitarios. Conscientes de estas rivalidades, grupos armados se han aprovechado de determinadas comunidades para lanzarlas unas contra otras. El resultado es que la violencia contra los civiles y los ataques indiscriminados contra pueblos enteros son omnipresentes en una zona fuertemente armada.

El Gobierno de Mali está envuelto en diversos conflictos armados con varios grupos que han sido identificados como organizaciones terroristas, conflictos para los que cuenta con el apoyo de contingentes regionales e internacionales. La situación implica la superposición de mandatos: tanto el mantenimiento de la paz como la lucha contra el terrorismo. Las actividades de los grupos armados y algunas medidas de seguridad represivas que se han implementado para combatir el terrorismo han impactado en la población. En algunos casos, se ha tomado a los civiles por combatientes y se los ha criminalizado por su pertenencia a un grupo étnico en particular.

La población civil, víctima de la violencia cotidiana
​En Mopti, región fronteriza con Burkina Faso y las regiones de Gao, Segou y Tombuctú, el gobierno nacional ha perdido el control de áreas enteras a manos de los grupos armados. Un clima de violencia impregna la vida diaria de sus habitantes. Más de 300.000 personas están desplazadas en Mali según la Organización Internacional para las Migraciones.

Los grupos armados han aislado por la fuerza muchas aldeas, incluidas Mondoro (en el círculo de Douentza), Diankabou (círculo de Koro) o Boulkessi (Douentza), dejándolas sin acceso a servicios básicos, especialmente la atención médica. Entre enero y octubre, equipos de MSF en la región de Mopti han conseguido entrar y brindar apoyo a 56 aldeas aisladas o de difícil acceso. En otras localidades, sus residentes no pueden moverse libremente, cultivar sus campos ni acudir a los mercados debido a conflictos inter o intracomunitarios².

La mayoría de estas personas deben abandonar sus hogares y refugiarse en las aldeas vecinas. En octubre de 2020, había 131.150 desplazados internos solo en Mopti, región donde viven 1,6 millones de personas.

“Por ejemplo, en una aldea, a 60 kilómetros de Bandiagara, no hay ningún campo para desplazados”, explica Ibrahim M., coordinador adjunto de MSF en Malí. “Las personas que habían huido de la violencia eran alojadas en escuelas (hasta que estas abrieron y fueron desalojadas) o acogidas por familias. Otras viven en el campo, en cuevas o simplemente deben dormir bajo las estrellas. Cuando se abrieron las escuelas, estas personas desplazadas fueron expulsadas”.

Familias de acogida desbordadas
​La capacidad de acogida y los medios de las personas de las aldeas vecinas que acuden en ayuda de los desplazados son limitados. Se trata de una población que vive en condiciones muy básicas que ya enfrenta dificultades durante la temporada de lluvias y los meses de escasez. Los desplazados lo han perdido todo y viven en condiciones extremadamente duras. Entre las comunidades afectadas, los equipos de MSF identifican y dan apoyo a niños no acompañados, mujeres ‘cabeza de familia’ y ancianos que han perdido sus redes de apoyo.

A.O., es granjero y ha acogido en su hogar a personas desplazadas. “Hace tres meses, 35 desplazados llegaron a nuestra casa”, explica. “Incluso antes de que llegaran ya faltaba comida. Los recién llegados hacen que esta situación sea aún más difícil, pero hacemos todo lo posible para ayudarlos. Acomodar a 30 personas más no es fácil: seis o siete duermen en la misma colchoneta, las mujeres duermen todas juntas en el mismo dormitorio. Cuando llueve, muchos pasan la noche al raso porque no hay techo para todos”.

Algunas personas desplazadas no han encontrado un espacio con familias de acogida y han tenido que refugiarse en edificios públicos o en el monte. “Entraron en nuestras casas y lo destruyeron todo —rememora L.T, desplazada—. Huimos y tras caminar dos días, llegamos aquí en medio de la noche. Algunos de mis seres queridos han desaparecido. No sé dónde están. Estamos en alerta constante. Tenemos miedo de que esos hombres armados regresen para hacernos daño. No tenemos nada; ni ropa, ni comida, ni dinero ni lugar alguno donde quedarnos”.

Un camino peligroso hacia las comunidades
​En los hospitales de los círculos de Koro y Douentza, los equipos de MSF facilitan atención médica y psicosocial de emergencia a las personas con heridas relacionadas con el conflicto. Atienden a pacientes con heridas de bala, víctimas de artefactos explosivos improvisados, de torturas, supervivientes de violencia sexual con traumas físicos y mentales graves. Entre junio y octubre, MSF ha contabilizado 82 ataques a aldeas, 68 incidentes de otro tipo y 21 desplazamientos masivos de población, con un total de 222 civiles muertos.

Este nivel de violencia también complica el acceso de los civiles a la atención médica y se traduce en que malaria, sarampión y desnutrición se vuelven fatales. En los primeros diez meses del año, los equipos de la organización médico-humanitaria trataron a más de 57.000 personas con malaria en Koro y Douentza.

MSF también lleva a cabo intervenciones de emergencia en localidades aisladas o de difícil acceso mediante clínicas móviles. En este mismo periodo, se realizaron casi 53.000 consultas externas.

“Algunas mujeres embarazadas que tuvieron que salir huyendo por el conflicto han llegado a dar a luz al borde de la carretera”, explica Adiaratou D., enfermera obstétrica de MSF. “Otras, traumatizadas por el miedo, han tenido abortos espontáneos. Una de las formas en que las cuidamos es controlando su peso y acompañándolas durante el parto. No tienen nada, ni siquiera para comer, ni ropa para cambiarse o cubrirse".

El acceso a algunas zonas permanece vetado a causa de la presencia de artefactos explosivos improvisados utilizados contra las fuerzas de seguridad que también han provocado muchas víctimas entre la población civil. El acceso a la ayuda sigue siendo una de las principales preocupaciones. Las organizaciones de ayuda están sujetas a los mismos riesgos y problemas, incluidos atracos, detenciones y puestos de control no oficiales, minas y secuestros.

La inseguridad no está disminuyendo e inevitablemente está privando a más y más personas de la asistencia sanitaria y humanitaria. “A la luz de las numerosas violaciones, pedimos a todas las partes que respeten, preserven y permitan el acceso a la ayuda humanitaria para que las comunidades afectadas por el conflicto pueden recibir una asistencia vital”, manifiesta Boulama El hadji Gori, coordinador general de MSF en Mali.

“Además, realizamos un llamamiento a todos los actores del conflicto armado para que detengan los abusos contra los civiles y se atengan a los principios del derecho internacional humanitaria y a los principios de precaución y distinción. MSF pedimos a las organizaciones de ayuda que amplíen su respuesta para atender las necesidades de esta población, particularmente en términos de refugio, alimentación y protección a medio y largo plazo”, concluye.

Médicos Sin Fronteras trabaja en Malí desde 1985. Tras el estallido de la crisis de seguridad en 2012, MSF intensificó la respuesta en las regiones del norte, centro y sur de Malí para satisfacer las múltiples necesidades de las comunidades. En la actualidad, MSF gestiona proyectos en las regiones de Kidal, Gao (Ansongo), Mopti (Ténenkou, Douentza y Koro), Ségou (Niono) y Sikasso (Koutiala), y en la capital, Bamako. Sus equipos también despliegan intervenciones de emergencia.

* Por motivos de seguridad, las personas que prestaron su testimonio solo aparecen identificadas por las iniciales.

¹Estas están compuestos por contingentes militares franceses, la MINUSMA (fuerzas de paz de las Naciones Unidas) y el G5 Sahel, una fuerza conjunta formada por cinco países (Mauritania, Níger, Chad, Burkina Faso y Mali) para hacer frente a las amenazas a la seguridad en el Sahel

² Se producen conflictos dentro de la misma comunidad (intracomunitarios) y entre comunidades (intercomunitarios) como, por ejemplo, entre agricultores dogón y ganaderos peul.