Las Autoridades italianas inmovilizan el barco de rescate de MSF en un puerto de Sicilia

Mientras siguen de actualidad las terribles tragedias en el Mediterráneo central, estamos decididos a regresar al mar para salvar vidas. Sabemos que la inspección que nos han hecho es solo una excusa con la que persiguen objetivos políticos bajo la apariencia de llevar a cabo procedimientos administrativos

4 de julio de 2021, Amsterdam/Augusta. Cientos de vidas se están perdiendo en el Mediterráneo central mientras los buques de ONG humanitarias son detenidos: y es que nuestro barco, el Geo Barents, es ya el último barco de una ONG inmovilizado por las autoridades portuarias italianas. Por ello, pedimos a las autoridades italianas que faciliten rápidamente la liberación de nuestro barco de búsqueda y rescate y que permitan nuestra vuelta al mar lo antes posible.

Tras una inspección de 14 horas en el puerto de Augusta, en que comenzó en la tarde del viernes 2 de julio, nuestro barco, el Geo Barents, fue detenido y inmovilizado alegando que se habían identificado un total de 22 deficiencias, 10 de las cuales supuestamente eran motivos para la detención del barco.

Desde MSF queremos aclarar que, si bien estamos dispuestos a hacer todos los ajustes necesarios, sabemos que la inspección es en realidad una excusa a través de la cual las autoridades persiguen objetivos políticos bajo la apariencia de estar llevando a cabo procedimientos administrativos.

El Geo Barents fue fletado el pasado mes de mayo y es un barco totalmente equipado y certificado para realizar actividades de búsqueda y rescate. Respeta todas las reglas y regulaciones vigentes establecidas por las autoridades marítimas pertinentes.

Nuestros equipos realizaron varias labores de salvamento entre el 10 y el 12 de junio, rescatando en total a 410 personas que mostraban signos de agotamiento extremo y diversas vulnerabilidades. Entre ellas se encontraban 16 mujeres, de las cuales seis viajaban solas y una estaba embarazada, así como 101 menores no acompañados. La mayoría de las personas procedían de países devastados por la guerra, como Siria, Etiopía, Eritrea, Sudán y Mali.

La detención de Geo Barents es una prueba más del acoso administrativo por parte de las autoridades italianas y de las medidas punitivas adoptadas para bloquear las operaciones humanitarias en el mar. Desde 2019 hasta la fecha, las Autoridades Portuarias italianas han llevado a cabo 16 controles de embarcaciones de rescate de ONG, lo que se ha traducido en un total de 13 detenciones administrativas. Esto equivale a una pérdida total de 1.078 días en los que estos barcos han estado bloqueados en puerto y sin poder salvar vidas en el mar. “Si bien los controles de las Autoridades Portuarias son procedimientos marítimos legítimos para garantizar la seguridad de la navegación en el mar, estas inspecciones han sido instrumentalizadas por las autoridades estatales para apuntar a los buques de ONG de manera discriminatoria. Por lo tanto, solo podemos concluir que esto tiene una motivación política”, declara Duccio Staderini, nuestro portavoz de operaciones de búsqueda y rescate“.

"Las inspecciones de los barcos de las ONG en los puertos italianos son largas y minuciosas y tienen como objetivo encontrar irregularidades para evitar que el barco regrese al mar para salvar vidas. Nos enfrentamos a una realidad abrumadora: mientras los buques de ONG humanitarias son detenidos, se siguen perdiendo vidas innecesariamente en el Mediterráneo”, añade Staderini.

Además de una serie de pequeñas irregularidades que son fácilmente rectificables, las autoridades italianas cuestionan la idoneidad del buque para realizar actividades sistemáticas de búsqueda y salvamento y alegan que el buque llevaba demasiadas personas a bordo tras llevar a cabo los últimos rescates. Sin embargo, el derecho internacional no estipula una capacidad máxima para los buques de salvamento humanitario. A través de esta interpretación tan parcial de la ley marítima, se ignora el hecho de que las operaciones de salvamento, según el deber que tienen los capitanes de barco de brindar asistencia a las personas en peligro en el mar, deben considerarse situaciones de fuerza mayor. Por lo tanto, el número de personas a bordo no debe tenerse en cuenta para determinar el cumplimiento de otras disposiciones del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar.

Mientras lloramos a las víctimas del último naufragio a unas pocas millas de las costas de Lampedusa, hay informes de otro naufragio frente a Túnez, y los cuerpos de mujeres, niños y niñas están llegando a las costas libias. En solo seis meses, desde principios de 2021, se ha confirmado la muerte o desaparición de al menos 721 personas que intentaban cruzar el Mediterráneo Central.

Con el objetivo de volver al mar lo antes posible, presentaremos un plan de acción para subsanar rápidamente las deficiencias denunciadas por las autoridades italianas, al tiempo que instamos al levantamiento inmediato de la orden de detención, de acuerdo con los procedimientos aplicables. En caso de rechazo, consideraremos emprender todas las opciones alternativas para impugnar esta orden de detención.

Queremos recordar una vez más que el Geo Barents solo está en el Mediterráneo central debido a la vergonzosa ausencia de capacidad de búsqueda y rescate de los estados miembros de la UE y de la propia UE. Los estados europeos han apoyado y fortalecido a la peligrosa Guardia Costera de Libia y han bloqueado los esfuerzos de las ONG, que solo tratan de llenar el vacío mortal dejado por ellos. Tomaremos todas las medidas necesarias para poder volver al mar y salvar vidas lo antes posible.

Reclamamos:

- Pedimos a las autoridades italianas que faciliten la liberación de nuestro barco de búsqueda y rescate, el Geo Barents, de acuerdo con los procedimientos aplicables.

- Los Estados e instituciones europeas deben poner fin de forma inmediata a su apoyo político y económico a la Guardia Costera de Libia, ya que esto solo se traduce en la perpetuación de un sistema para conseguir el retorno forzosos de decenas de miles de personas al lugar del que huyen desesperadamente.

- Los estados miembros de la UE deben investigar urgentemente cualquier alegación de devoluciones ilegales. La Guardia Costera libia, financiada con fondos comunitarios, ha demostrado en muchas ocasiones que su falta de capacidad para llevar a cabo y coordinar las operaciones de búsqueda y salvamento, unida a su comportamiento violento, pone en peligro miles de vidas y provoca la muerte de cientos de personas.

Note a los editores (en inglés):

  • Geo Barents has been issued a “rescue class notation” for 300 survivors. A chartering contract has been signed between MSF and the Norwegian shipping company Uksnøy, for the chartering of the vessel Geo Barents. The contract is registered and fully compliant with the highest standards of national, international and maritime regulations. The Geo Barents ship, which flies under Norwegian flag, meets all the technical and legal requirements to sail and perform search and rescue at sea. The ship has been fully equipped to perform search and rescue, with a medical clinic and recovery rooms.
  • Since summer 2019, 8 SAR NGO vessels including the Geo Barents have been detained (some of them, more than once) in the immediate aftermath of 16 port state controls in Italian ports on the grounds of similar “irregularities of technical and operational nature” and/or deficiencies such as to allegedly represent "a clear danger to safety, health or the environment" (the only case in which, pursuant to art. 19 of Directive 2009/16 / EC, the ship may be stopped until the deficiencies have been rectified).
  • At present the Ocean Viking of SOS Mediterranee is the only rescue ship operational in the central Mediterranean1. 5 NGO SAR vessels (Sea-Watch 4, Sea-Watch 3, Sea-Eye 4, Louise Michel and, most recently, Geo Barents) are all currently under administrative detainment and blocked from resuming their life-saving activities. Meanwhile, following a two-month administrative detention in Pozzallo-Sicily, Open Arms of Proactiva was released on 25 June and is undergoing maintenance in Spain, hence is not currently conducting SAR operations at sea.
  • Not only European states are failing to provide search and rescue capacity, but are deliberately further stepping up the system of mass forced returns to Libya and collaborating with a Libyan coast guard which, once again, demonstrates violent behaviour shooting at a boat in distress with people on board in Maltese SRR. Since the beginning of 2021, a shocking amount of more than 14,751 refugees and migrants have been intercepted at sea and forced back to Libya – despite the fact that Libya is not Place of Safety for the purpose of disembarkation of people rescued at sea, according to international and maritime law.

Key figures

  • In less than 48 hours, on 10, 11 and 12 June 2021, the MSF chartered Geo Barents has rescued 410 persons in 7 non-stop rescues of boats in distress. They were rescued from unseaworthy rubber, wooden and fiberglass boats while attempting to cross the central Mediterranean. Out of the 410 rescued persons, there are: 12 women including a pregnant woman, 299 male adults / 99 children, of whom 91 non-accompanied, have been saved from drowning.
  • Since January 2021, at least 721 persons are confirmed dead or missing on the deadliest world central Mediterranean route.
  • During the first half of 2021, the EU-funded Libyan Coast Guard has significantly stepped up the interception and forcible return of people trying to flee Libya, despite the fact that Libya is not Place of Safety for the purpose of disembarkation of people rescued at sea, according to international and maritime law. In only 6 months, the number of people intercepted at sea by the Libyan Coast Guard and forcibly returned to Libya has surpassed the total number of people brought back during the entire year 20202.
  • Men, women and children have been forcibly returned to arbitrary detention, for an indefinite time, in dangerous detention facilities characterised by physical abuse, sexual violence, exploitation, limited access to health care and deprivation of basic services as food, water, proper ventilation and light, overcrowding and little opportunity to maintain physical distancing in the context of a global pandemic. The sudden increase in the population in these inadequate facilities has further led to a rapid deterioration of living conditions.
  • Following repeated incidents of violence towards refugees and migrants held in two detention centres in Tripoli, Libya, Médecins Sans Frontières (MSF) felt obliged to temporarily suspend our activities in Mabani and Abu Salim detention centres. Since February this year, incidents of ill-treatment, physical abuse and violence against people held in these detention centres have increased steadily. Over the space of just one week, our teams witnessed first-hand, and received at least three reports of, violent incidents resulting in severe physical and psychological harm.

 

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