La falta de EPI y de pruebas de diagnóstico contribuyó a la alta tasa de contagios entre el personal sanitario y sociosanitario y mermó la capacidad de respuesta del sistema a la epidemia de COVID-19

Madrid/Barcelona, 5 de agosto de 2020. La dificultad, y en muchos casos, incapacidad para asegurar una correcta protección del personal sanitario, socio sanitario y de residencias durante las fases más agudas de la epidemia de COVID-19 en España, constituyen una de las principales fallas detectadas en la respuesta a la pandemia en nuestro país. Así se pone de manifiesto en el informe sobre protección al personal sanitario elaborado por Médicos Sin Fronteras (MSF). El documento aborda el impacto que la ausencia de protección y de medidas de prevención tuvo en el personal sanitario desde que entrara en vigor el Estado de Alarma el pasado 15 de marzo hasta finales de junio.

Las consecuencias de la falta de protección en la fase aguda de la primera ola de la epidemia en España se dejaron sentir tanto a nivel personal, en forma de un profundo y dramático impacto en los profesionales, como sistémico, con una merma de la capacidad del sistema sanitario para hacer frente a la nueva enfermedad, hasta el punto de llegar a colapsar en algunos puntos del país.

En este sentido, MSF alerta que los contagios entre sanitarios solo podrán limitarse si se proporcionan equipos de protección adecuados y que, todavía hoy, estos continúan siendo insuficientes, especialmente en Atención Primaria y residencias.

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La organización médico-humanitaria recuerda que el personal sanitario constituye el grupo de trabajadores de mayor exposición y riesgo al SARS-CoV-2. La ausencia de protección fue el factor determinante para alcanzar unas cifras de impacto que, a 17 de julio y según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, situaban en 52.746 los profesionales sanitarios contagiados. Una de cada cinco personas infectadas hasta ese periodo pertenecía a este colectivo, la tasa más alta de Europa. Otras fuentes apuntan a un número incluso mayor. El peor impacto lo encontramos los días 8 y 25 de abril, con 1.847 y 1.808 nuevos casos de Covid-19 entre sanitarios respectivamente.

Todavía hoy persisten las dificultades para determinar una cifra de fallecidos en el colectivo. Mientras que los datos del Ministerio de Sanidad afirman que han sido 63 los sanitarios fallecidos desde el inicio de la pandemia hasta el 5 de junio, otros informes sitúan esta cifra en 98.

El informe concluye que hubo varios factores que contribuyeron decisivamente a la alta tasa de contagios en el personal sanitario y sociosanitario: una indudable falta de Equipos de Protección Personal (EPI) y de supervisión y formación en medidas de prevención y control de la infección; la escasez de pruebas de diagnóstico y criterios claros para su uso para la COVID-19; y la escasez de personal, y por tanto de descansos, que propició un uso incorrecto de los equipos de protección.

El informe recoge testimonios de personal sanitario de hospitales, de residencias y de los propios equipos de MSF que participaron en la respuesta que ponen de manifiesto que la falta de EPI y la falta de formación sobre su empleo fueron una constante, especialmente durante el pico de la epidemia. Así, una encuesta entre los profesionales de enfermería realizada por el Sindicato de Enfermería SATSE reveló cuestiones relativas a la falta de equipos de protección: los encuestados valoraron en 3,46 sobre 10 la cantidad y calidad de los EPI durante las peores semanas del brote; el 35% declaró no haber recibido ningún tipo de información al respecto. 7 de cada 10 profesionales tuvo que reutilizar la mascarilla FPP-2 o FPP-3; 6 de cada 10 reutilizó mascarillas quirúrgicas y más de la mitad batas impermeables.

El informe también repasa algunos de los problemas de desabastecimiento y los intentos de aprovisionamiento realizados por las Administraciones. En algo menos de tres meses, España recibió 498 vuelos de carga dedicados exclusivamente al transporte de material sanitario. La primera ola nos ha demostrado que, frente a la competencia feroz por los recursos en el mercado mundial, es esencial generar una capacidad de producción propia para abastecer al mercado interno en tales circunstancias.

Además de la desprotección meramente física, los profesionales sanitarios también se enfrentaron a las consecuencias psicológicas de trabajar en medio de lo que se ha denominado “medicina de catástrofe”, basada en la obligación de hacer elecciones éticas muy difíciles, haciendo triajes para priorizar y decidiendo a quién atender cuando los recursos disponibles apenas cubrían las enormes necesidades existentes. Diversos estudios muestran los niveles de ansiedad y estrés, el agotamiento emocional y el coste en términos de salud mental que la primera oleada ha dejado entre el personal sanitario. La atención psicosocial continuada será fundamental ante futuros escenarios.

Un sistema frágil y fragmentado

Desde hace años se han ido relegando las políticas de Salud Pública. Y se ha hecho tanto desde un punto de vista financiero con una inversión media del 1,1% de toda la inversión sanitaria desde 1988, como desde un punto de vista de desarrollo institucional, como demuestra la ausencia de avances desde la aprobación de la ley general de Salud Pública hace nueve años. La pandemia también ha puesto en evidencia que la responsabilidad en salud pública ha quedado fragmentada entre los distintos niveles de gestión. Ejemplo de ello son el cruce de acusaciones entre los distintos actores políticos sobre la responsabilidad en las residencias de mayores o las diferencias en el cómputo de casos entre CCAA y gobierno central.

Sin duda, la situación de debilidad del sistema de respuesta, que no se había puesto a prueba ante ninguna pandemia en el pasado, ha contribuido a que se alcanzara una ratio de contagios tan altos entre el personal. Esta fragilidad estaría relacionada con un marco de fragmentación entre las CCAA, la falta de adecuación a la situación de la estructura del Ministerio, y la insuficiente inversión en salud, por debajo de la media europea.

A la luz de las conclusiones y ante la posibilidad de una segunda ola, MSF plantea una serie de recomendaciones dirigidas a las Administraciones central y autonómicas y a otras instituciones con el objetivo de blindar la protección del personal sanitario, sociosanitario y de residencias.

Entre otras, MSF plantea la necesidad de realizar una evaluación del impacto de la COVID-19 en el personal sanitario, socio sanitario y de residencias para identificar los fallos y cuellos de botella, y de reforzar la Salud Pública dotándola de recursos humanos y económicos y desarrollando la Ley General de Salud Pública.

MSF también destaca la importancia de la mejora de los datos sobre contagios entre el personal para detectar dónde hay mayores riesgos y orientar la distribución de material de protección. Otras de las recomendaciones tienen que ver con asegurar la capacidad para producir EPI y contar un stock suficiente para futuros escenarios, especialmente en áreas desatendidas como la Atención Primaria de Salud y las residencias; reforzar los recursos humanos, adaptando el ratio de personal al número de pacientes y la complejidad de su manejo, especialmente en Cuidados Intensivos y servicios de urgencias; garantizar un paquete de medidas de apoyo psicosocial; efectuar una formación continuada del personal sanitario y de residencias sobre el uso de los EPI, formas de transmisión, y medidas de prevención y control de infecciones; asegurar el acceso a recursos diagnósticos para todo el personal sanitario, socio sanitario y de residencias.

Nota a fecha de impresión:

A fecha de 22 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó el dictamen sanitario de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Incluye numerosas propuestas algunas que también incluimos en este informe, otras no han quedado recogidas. Continuaremos trabajando para que se atiendan aspectos que consideramos esenciales en una preparación adecuada frente a posibles rebrotes u otras epidemias. El documento aprobado no tiene carácter es vinculante, necesitará la aprobación de propuestas legislativas y sobre todo dotación presupuestaria para las distintas CCAA. Por ello, seguiremos atentos para comprobar la implementación real de las medidas acordadas, trabajando para la mejora de la protección del personal sanitario, sociosanitario y de residencias.