La Comisión Europea demora su decisión sobre la ley italiana que restringe el salvamento en el Mediterráneo mientras aumenta el número de muertos

Roma/ Madrid, 19 de julio de 2024.- En virtud de los mecanismos de denuncia de la Unión Europea¹, la Comisión Europea ha incumplido su compromiso de evaluar, en un plazo de 12 meses, las distintas denuncias para investigar la legislación y las prácticas italianas que obstaculizan las actividades de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central.

En julio de 2023, cinco ONG: la Asociación de Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI), EMERGENCY, Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam Italia y SOS Humanity, presentaron cinco denuncias distintas sobre el Decreto Ley italiano 1/2023² y la práctica de las autoridades italianas de asignar sistemáticamente puertos lejanos para desembarcar a los supervivientes rescatados en el mar.

Las ONG alegan que el Decreto Ley y la práctica de los puertos distantes no se ajustan a las obligaciones de los Estados miembros de la UE en virtud del Derecho Marítimo europeo e internacional y de la legislación sobre derechos humanos, y que suponen una obstrucción sistemática de las actividades civiles de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo.

"Como guardiana de los Tratados, la Comisión Europea está obligada a garantizar que los Estados miembros respeten la legislación de la UE y su aplicación uniforme", explica Marie Michel, experta en Políticas de SOS Humanity.

Tal y como establecen los mecanismos de denuncia de la UE, la Comisión debe compartir una evaluación preliminar de la denuncia en el plazo de dos meses desde su registro y debe decidir si inicia un procedimiento formal sobre una violación de la legislación de la UE por parte de un Estado miembro en el plazo de un año.

"Tras un año de espera, la Comisión comunicó que necesita más tiempo para estudiar nuestras reclamaciones", declara Juan Matías Gil, representante de búsqueda y rescate de MSF. "Al dilatar el proceso, la Comisión aprueba la obstrucción sistemática de los rescates en el Mediterráneo. No podemos perder más tiempo mientras aumenta el número de víctimas mortales en el mar".

El Decreto Ley 1/2023 de Italia establece que, tras un rescate en el mar, los buques de búsqueda y salvamento humanitarios deben navegar directamente y sin demora hacia el puerto seguro asignado, lo que les impide llevar a cabo más operaciones de rescate. Esto implica que los barcos no deben ayudar a otras embarcaciones en peligro en la zona, en contra de la obligación que impone el derecho internacional de prestar asistencia en el mar a quienes están en peligro, y a pesar de la enorme escasez de capacidad de rescate en el Mediterráneo central, una ruta en la que han desaparecido 893 personas sólo este año.

En virtud de la práctica de los puertos distantes —que no está incluida en ninguna legislación italiana pero es práctica común desde diciembre de 2022— a los buques de búsqueda y salvamento humanitarios se les asignan sistemáticamente puertos en el norte de Italia en lugar de en el sur. Esto afecta tanto a las personas rescatadas, cuyo estado ya es extremadamente vulnerable, como a los buques de las ONG, ya que aumenta considerablemente la duración de los viajes.

"La práctica de los puertos distantes constituye una violación del derecho internacional", denuncia Francesca Bocchini, responsable de Incidencia Política de EMERGENCY. "Agrava el sufrimiento de las personas rescatadas al retrasar su acceso a servicios esenciales; desvía recursos financieros de las operaciones de salvamento; y aleja a los buques de búsqueda y rescate de las zonas donde más se necesitan", añade Bocchini.

Desde 2023, la navegación extra necesaria para llegar a puertos lejanos ha hecho que los buques de las ONG pierdan 538 días que podrían haberse dedicado a rescatar a personas en peligro en el mar, según estimaciones de SOS Humanity.

El Decreto Ley 1/2023 también se ha utilizado en 22 casos para paralizar navíos de búsqueda y salvamento humanitarios en puertos italianos, lo que supone un total de 480 días de detención impuesta, según los datos recopilados por SOS Humanity. En algunos de estos casos, la detención se justificó simplemente con el supuesto incumplimiento por parte de los buques de búsqueda y salvamento humanitarios de las instrucciones de los guardacostas libios durante las operaciones de rescate en aguas internacionales. Sin embargo, los tribunales italianos han declarado posteriormente ilegales algunas de estas detenciones, el más reciente, el del Tribunal de Crotone.

"Ya lo han señalado diferentes tribunales italianos; el uso de esta ley está violando las obligaciones establecidas en los convenios internacionales sobre el derecho marítimo, junto con los derechos de asociación y opinión de las organizaciones de la sociedad civil, que también están incluidos en los tratados de la UE", expone Lucia Gennari, de ASGI. "Son violaciones que no pueden ser ignoradas por las instituciones europeas", apunta Gennari.

"Pedimos a la Comisión Europea que tramite nuestras reclamaciones y tome medidas inmediatas para atajar la obstrucción legal y administrativa de las autoridades italianas a las actividades civiles de búsqueda y salvamento. Europa no puede permanecer en silencio mientras sus dirigentes crean leyes irresponsables que ponen aún más en peligro la vida de las personas en el mar", concluye Marie Michel.

¹ Cómo presentar una denuncia ante la UE

² Posteriormente se convirtió, con modificaciones, en la Ley 15/2023.

Nota para los editores: El 2 de julio de 2024, el Defensor del Pueblo Europeo declaró que se habían formulado una serie de preguntas a la Comisión Europea sobre los retrasos en la tramitación de las reclamaciones por supuestas infracciones de la legislación de la UE y la forma en que comunica los procedimientos de infracción.