El apoyo de la UE a la gestión migratoria en el este de Libia debe cesar

Los 25 millones de euros adicionales aprobados por la UE para Libia oriental refuerzan políticas de externalización que exponen a las personas a devoluciones ilegales y abusos

Rescate llevado a cabo por los equipos de MSF en el Mediterráneo central. 16 de octubre de 2026. CLAIRE SAN FILIPPO/MSF
Rescate llevado a cabo por los equipos de MSF en el Mediterráneo central. 16 de octubre de 2026. CLAIRE SAN FILIPPO/MSF

Roma, 21 de octubre de 2026.- Según una carta de la presidenta de la Comisión Europea dirigida a los líderes de la Unión Europea (UE), la semana pasada la UE aprobó 25 millones de euros adicionales para ampliar la cooperación migratoria en el este de Libia. Esta financiación adicional está destinada a apoyar la gestión fronteriza, las actividades de búsqueda y rescate y las operaciones contra el tráfico ilícito de personas en esa zona.

Declaración de Claire San Filippo, responsable de operaciones de búsqueda y rescate de Médicos Sin Fronteras (MSF), quien estuvo a bordo del Oyvon la semana pasada para apoyar las operaciones de rescate llevadas a cabo por el equipo:

“Al destinar 25 millones de euros adicionales a la gestión fronteriza en el este de Libia, la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros siguen externalizando su trabajo sucio.
​​
​Este apoyo no debe incrementarse. Debe cesar.

La propia Comisión Europea reconoce que no puede garantizarse la seguridad de las personas en Libia. Y, sin embargo, el apoyo europeo sigue permitiendo deliberadamente interceptaciones en el mar y devoluciones ilegales a un país donde la detención arbitraria, la tortura, la violencia —incluida la violencia sexual— y la explotación están ampliamente documentadas.

Esta colaboración incluye financiar a los mismos actores responsables de amenazar y poner en peligro a las organizaciones civiles de búsqueda y rescate, así como a las personas en movimiento en el mar Mediterráneo.

La UE y sus Estados miembros deben poner fin a sus políticas migratorias perjudiciales, basadas en la disuasión y la externalización, y garantizar que toda persona rescatada en el mar sea desembarcada en un lugar seguro, donde se respeten sus derechos y su dignidad, y se cubran sus necesidades básicas”.

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