El acceso restringido a los servicios de acogida en Bélgica pone en peligro la salud y la dignidad

Bruselas / Madrid, 23 de abril de 2026.- Siete organizaciones: Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, BelRefugees, Cáritas Internacional y el Hub Humanitario vuelven a dar la voz de alarma ante las consecuencias de la política de acogida en Bélgica. En un nuevo informe, muestran cómo el endurecimiento del acceso a la acogida desde 2025 contribuye directamente a generar problemas de salud, mayor sufrimiento psicológico y a la exclusión estructural. Desde un punto de vista médico-humanitario, la conclusión es inequívoca: el acceso a la acogida es indisociable del acceso a la atención sanitaria.

El estudio, que analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, pone de relieve las consecuencias directas de las decisiones tomadas por el Gobierno federal en el verano de 2025.

Una red de acogida de emergencia saturada

Se ha superado un umbral crítico: además de los hombres solos, ya excluidos masivamente de la red de acogida —A 1 de diciembre de 2025, 1.759 personas figuraban en una lista de espera para el sistema de acogida—, las mujeres solas y las familias con niños también han acabado en la calle.

El 62% de las solicitudes de alojamiento presentadas por hombres solos —independientemente de su situación administrativa—fueron denegadas en el segundo semestre de 2025 por falta de plazas. Esta tasa asciende al 75% en el caso de las familias.

Entre agosto y mediados de noviembre de 2025, a 249 personas se les denegó el acceso a la acogida, entre ellas familias, mujeres y hombres solos. Menos del 20 % de las personas con "estatuto M" (personas que gozan de un estatuto de protección en otro Estado miembro de la UE) obtuvieron una plaza de acogida tras una evaluación de su vulnerabilidad.

Como consecuencia directa de la reducción de la financiación, algunos servicios se han visto obligados a reducir sus actividades, lo que concentra las solicitudes relacionadas con la salud en estructuras y plazas cada vez más reducidas.

Estas dificultades de acceso a la atención sanitaria se traducen en un empeoramiento evitable del estado de salud y en un aumento del recurso a los servicios de urgencias. Las personas excluidas de la red de acogida también pierden el acceso estructurado a la atención médica, psicológica y al acompañamiento social que suelen ofrecer los centros de acogida.

Desde el punto de vista médico, la acogida no constituye, por tanto, una simple medida social, sino un determinante fundamental de la salud, la dignidad y el funcionamiento humano.
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​Desde las modificaciones de la Ley de Acogida en 2025, un número creciente de personas quedan excluidas del sistema de acogida. Se trata, en particular, de personas que gozan del denominado “estatuto M”, así como de ciertas familias cuyos hijos presentan su propia solicitud de asilo.

Aunque la ley prevé la evaluación de las vulnerabilidades individuales, en la práctica, el acceso a la acogida es cada vez más incierto.

Las condiciones de vida dejan huella en la salud física

Los datos médicos y las observaciones sobre el terreno de Médicos Sin Fronteras ponen de manifiesto una clara relación entre las condiciones de vida y el estado de salud. En los servicios de salud humanitarios, el 12% de los diagnósticos se refieren a enfermedades de la piel y el 8% a afecciones respiratorias. Las malas condiciones higiénicas, la exposición al frío y a la humedad, así como los lugares de residencia superpoblados o inestables, contribuyen directamente a la aparición de problemas de salud evitables.

Derechos fundamentales no respetados

Las personas que solicitan protección internacional y se encuentran en la calle se ven privadas de servicios esenciales: alojamiento, alimentación, atención médica y psicológica, asistencia jurídica. Estas necesidades son responsabilidad del Estado y de la Agencia Federal belga para la Acogida de Solicitantes de Asilo (Fedasil), que no pueden descargar su responsabilidad en las ONG.

Los tribunales han fallado repetidamente en contra del Estado y de la Agencia Federal para la Acogida de Solicitantes de Asilo (16.000 resoluciones judiciales), pero la aplicación sigue siendo inconsistente, con instrucciones políticas que en ocasiones contradecían las decisiones judiciales.

Numerosas instituciones, entre ellas el Consejo de Europa, ACNUR (la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados), Myria (Centro Federal de Migración) y el IFDH (Instituto Federal de Derechos Humanos), así como los actores sobre el terreno, han planteado soluciones: respetar las resoluciones judiciales; garantizar una acogida digna a las personas solicitantes de asilo; aumentar de forma sostenible la capacidad de acogida con un presupuesto y medios suficientes; mantener los puentes hacia la ayuda social; poner en marcha un plan de distribución de las personas que solicitan protección internacional.

Salud, dignidad, derechos indisociables

Cuando el acceso a la acogida se restringe de forma sistemática, las consecuencias son visibles: interrupciones en la atención sanitaria, agravamiento evitable de las patologías y aumento de las necesidades de salud mental.

Este informe confirma lo que los actores humanitarios observan desde hace tiempo sobre el terreno: una política de acogida que excluye no genera soluciones, sino que agrava una crisis con graves consecuencias humanas y médicas.

Mientras exista una lista de espera, mientras haya personas durmiendo en la calle, mientras el Estado se niegue a ejecutar las resoluciones judiciales y a adoptar las medidas urgentes y estructurales que se imponen, Bélgica viola deliberadamente el derecho a la acogida. ​

Esta política ilegal, en vigor desde finales de 2021, ha llegado a un punto de ruptura y debe cesar de inmediato.