Diez años del acuerdo UE-Turquía: el coste humano de la contención migratoria

Atenas, 19 de marzo de 2026.- Diez años después del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Turquía de marzo de 2016, las consecuencias humanitarias de esta política persisten en las islas griegas y más allá. Introducido durante un período de aumento de llegadas por la ruta del Mediterráneo oriental, el acuerdo se presentó como una solución pragmática para reducir la migración hacia Europa. En la práctica, transformó profundamente la política migratoria de la UE al introducir un modelo centrado en la disuasión, la contención y la externalización de las responsabilidades de asilo fuera de las fronteras de la UE.

Médicos Sin Fronteras (MSF) hace un llamamiento a las autoridades europeas y griegas para que reconsideren radicalmente su enfoque en materia migratoria, subrayando la necesidad urgente de poner fin al sufrimiento innecesario que padecen las personas, incluidos niños y niñas, atrapados en condiciones deplorables. Los gobiernos deben garantizar condiciones de acogida seguras y dignas, acceso a la atención sanitaria y procedimientos de asilo justos y eficientes, y poner fin a las políticas que trasladan las responsabilidades de protección de Europa más allá de sus fronteras. En línea con este posicionamiento, MSF ya anunció en junio de 2016 que renunciaba a toda financiación procedente de la UE, sus Estados miembros y Noruega.

“El acuerdo UE-Turquía, que ha sido aclamado como un éxito por la Comisión Europea, ha tenido un enorme coste humano durante la última década”, afirma Christina Psarra, directora general de MSF Grecia. “A pesar de las afirmaciones de progreso, miles de personas siguen enfrentándose a condiciones inhumanas, y los líderes europeos celebran diez años de políticas que han provocado caos y mal trato. No dejaremos de exigir que la UE y las autoridades griegas pongan fin a esta estrategia cínica de contención, para evitar seguir dañando la salud de nuestros pacientes y respetar su dignidad”.

Durante una década, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha proporcionado atención médica y de salud mental a refugiados y migrantes que llegan a las islas griegas. En el período de 10 años entre 2016 y 2026, se realizaron un total de 156.977 consultas ambulatorias. Los solicitantes de asilo que llegan a islas como Lesbos, Samos, Quíos, Kos y Leros a menudo han tenido que permanecer allí mientras se tramitaban sus solicitudes, a veces durante meses o años. Los equipos de MSF han documentado repetidamente la violencia en las fronteras, campamentos superpoblados, saneamiento inadecuado, acceso limitado a la atención sanitaria y un grave deterioro de la salud mental entre las personas atrapadas en estas condiciones.

En virtud del acuerdo UE-Turquía, las personas cuyas solicitudes de asilo eran rechazadas podían, en teoría, ser devueltas a Turquía, que la UE designó como “tercer país seguro”. Al mismo tiempo, la UE se comprometió a reasentar a un refugiado sirio desde Turquía por cada sirio devuelto. En la práctica, las devoluciones han sido extremadamente limitadas: entre abril de 2016 y febrero de 2025, 2.140 personas fueron devueltas desde las islas griegas a Turquía, y no se han producido devoluciones desde marzo de 2020. En la práctica, esto ha significado que, aunque las devoluciones eran un punto clave del acuerdo, miles de personas han quedado atrapadas en las islas sin una resolución rápida de su situación.

Tras la destrucción del campamento de Moria en la isla de Lesbos en 2020, se establecieron nuevas instalaciones conocidas como Centros Cerrados de Acceso Controlado (CCAC) en varias islas. Aunque se presentaron como instalaciones de acogida mejoradas, estos campamentos están ubicados en zonas remotas y funcionan bajo estrictos sistemas de vigilancia y control de acceso, reforzando la lógica subyacente de contención y exclusión.

Durante la última década, el acuerdo UE-Turquía también ha servido como modelo para políticas más amplias de externalización migratoria de la UE. La Unión Europea ha ampliado su cooperación con países como Libia, Túnez, Senegal, Mauritania, Marruecos, Níger, Egipto y varios estados de los Balcanes occidentales para impedir que las personas lleguen a Europa. Estas asociaciones suelen implicar ayuda financiera o cooperación en materia de seguridad destinada a reforzar el control fronterizo, trasladando al mismo tiempo la responsabilidad de la protección de los refugiados a países donde las garantías y los sistemas de asilo suelen ser limitados.

Los equipos médicos de MSF han advertido repetidamente sobre las consecuencias para la salud de las políticas de disuasión.

“Muchas de las personas que llegan a las islas griegas ya han sufrido violencia, conflicto o persecución antes de emprender peligrosos viajes a través del mar Egeo”, continúa Christina Psarra. “La incertidumbre prolongada, las restricciones a la movilidad y las malas condiciones de vida a menudo agravan los traumas existentes”.

Con frecuencia, los equipos de MSF atienden a pacientes con depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastornos del sueño o pensamientos suicidas. Las malas condiciones de vida también han contribuido a brotes de infecciones cutáneas, enfermedades respiratorias y enfermedades gastrointestinales vinculadas al hacinamiento y a un saneamiento inadecuado. Las enfermedades crónicas a menudo no se diagnostican ni se tratan, mientras que las mujeres embarazadas, las supervivientes de violencia sexual y las mujeres con complicaciones relacionadas con la mutilación genital femenina con frecuencia no reciben atención médica durante semanas o meses.

A pesar de políticas cada vez más restrictivas, las personas continúan intentando peligrosas travesías marítimas. Los naufragios y las interceptaciones violentas siguen siendo frecuentes, lo que ilustra los riesgos a los que las personas continúan enfrentándose cuando no existen vías seguras de protección. Los equipos de MSF proporcionan regularmente atención médica y psicológica de emergencia a los supervivientes que llegan tras estos viajes.