Colombia: el recrudecimiento de la violencia recuerda a las peores épocas del conflicto armado en el país
Las poblaciones afectadas por la violencia en Norte de Santander y Nariño se ven cada vez más privadas del acceso a la salud. MSF ha intervenido tras varios eventos violentos en estos dos departamentos para dar asistencia médica y en salud mental a la población civil afectada
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Bogotá/Barcelona, 28 de octubre de 2020. - Desde hace algunos meses, en varias regiones de Colombia, la violencia ha alcanzado cumbres que recuerdan las peores épocas del conflicto armado en el país. Contrario a lo que se esperaba tras el acuerdo de paz con las FARC, la violencia hace que desde 2017 varias poblaciones de varios departamentos del país estén nuevamente asediadas por amenazas, asesinatos, masacres, desplazamientos y confinamientos producto de las disputas entre diversos grupos armados. El único relativo respiro para la población durante estos tres últimos años fue durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus, pero hoy en día la violencia ha alcanzado de nuevo picos de intensidad muy altos.
Médicos Sin Fronteras (MSF) ha sido testigo de esta realidad en los departamentos de Nariño y Norte de Santander. En 2020, las comunidades de Magui Payán, un municipio de Nariño, han tenido que desplazarse siete veces a causa de los enfrentamientos entre grupos armados por el control de este territorio, una ubicación estratégica en el Pacífico nariñense. También en Nariño, a inicios de octubre, los equipos de MSF visitaron algunas comunidades aledañas al río Patía y encontraron que todos los habitantes de la vereda San Luis se encontraban desplazados en otras veredas y otros municipios.
En la zona rural de Cúcutá, Tibú y Puerto Santander, en el departamento de Norte de Santander, la dinámica ha sido parecida. En julio, cerca de 800 personas tuvieron que refugiarse en tres escuelas después de la masacre de ocho personas en la vereda Totumito-Carboneras. Dentro del grupo de desplazados había colombianos, venezolanos e indígenas Wayuú. Estas personas estuvieron 18 días desplazadas antes de comenzar a regresar a cuentagotas a sus veredas. MSF ofreció atención en urgencias, salud primaria y salud mental durante la emergencia y en los últimos meses ha realizado visitas de seguimiento de salud mental a algunas de las personas desplazadas.
“Después de estos eventos, vemos a personas que llevan tres meses, seis meses o un año sin poder acceder a una consulta médica, con lo cual todas las morbilidades crónicas, como la hipertensión o la diabetes, no han sido atendidas. De esta manera, nos encontramos a personas en unas condiciones casi de urgencia médica cuando hubieran podido ser tratadas a tiempo si no existieran estas dinámicas de violencia”, explica Luis Ángel Argote, coordinador de Emergencias de MSF en Nariño.
En todas sus intervenciones, los equipos de MSF han detectado que los principales problemas de salud física de las poblaciones desplazadas y confinadas son afecciones gastrointestinales y de piel, relacionadas de la falta de suministro de agua y saneamiento. En la mayoría de los casos los pacientes atendidos reportaron no haber tenido acceso a servicios médicos por largos periodos, lo cual es especialmente grave en casos de personas con enfermedades crónicas y trastornos mentales que no han recibido el tratamiento adecuado.
Los cíclicos enfrentamientos y la sensación de riesgo permanente impiden que las personas puedan sentirse seguras. Esta situación genera un alto nivel de estrés, preocupación y miedo, que derivan en diagnósticos de ansiedad y depresión. La continuidad del conflicto impide tener un proyecto de vida, debido a la falta de seguridad en sus lugares de origen. En la medida en que la situación es inestable, la población se ve expuesta a un constante sufrimiento emocional.
“Esta población tiene un grado de incertidumbre muy grande, no sabe si va a poder volver a casa o no. Hemos sido testigos en los últimos meses de población que no era la primera ni la segunda vez que tenía que desplazarse por este tipo de situaciones, lo cual, sin duda, genera una nueva traumatización, con un mayor impacto en términos de salud mental”, afirma Sebastián García, coordinador de MSF en el Norte de Santander.
Estos impactos directos de la violencia se ven agravados por hecho de que los sufren poblaciones que han permanecido excluidas de la atención en salud durante periodos prolongados. El conflicto es crónico. La ausencia de respuestas de las instituciones, también. En estas regiones la ausencia de personal capacitado y estructuras adecuadas es el denominador común, por lo que ser atendido en una urgencia, o acceder a una consulta de salud primaria o salud mental se convierte para estas personas en un imposible. Y mientras el conflicto arrecia, las posibilidades de que este panorama cambie son cada vez más escasas.