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\n Carlos Bustamante Muñoz\n Delegado de Andalucía, Canarias, Extremadura, Ceuta y Melilla, Médicos Sin Fronteras\n \n
\nMadrid, 18 de mayo de 2026.- Médicos Sin Fronteras (MSF) ha entregado hoy 30.000 firmas al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para solicitar la protección de la atención médica y de la población civil en los conflictos armados.
“Se cumple una década desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2286, un compromiso internacional destinado a blindar la asistencia sanitaria en escenarios de guerra. Sin embargo, lo que nuestros equipos observan a diario es que el panorama actual es mucho más desolador que hace diez años. No conmemoramos un logro, sino un fracaso, ya que el daño que esta resolución intentaba prevenir no ha disminuido. Por el contrario, en muchos contextos, ha aumentado”, afirma Raquel González, coordinadora de MSF España.
El año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó un total de 1.348 ataques contra instalaciones médicas, que resultaron en la muerte de 1.981 trabajadores sanitarios, humanitarios y pacientes, el doble que los 944 registrados en 2024.
La entrega de firmas se enmarca en la campaña 'Nuestra Línea Roja' de MSF para la protección del personal sanitario y la población civil. Miembros de la organización han desplegado frente al ministerio una franja de tela roja con la leyenda “30.000 firmas”, formada por los nombres de las personas y el resto de las organizaciones que apoyan la petición de MSF.
“En esta plaza no caben 30.000 personas, pero son 30.000 voces exigiendo que los Estados y las partes en conflicto cumplan con su obligación bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y respeten la atención médica en las guerras. En MSF conocemos bien las consecuencias catastróficas que se producen cuando esto se vulnera: hospitales reducidos a escombros, ambulancias retrasadas, pacientes que mueren por heridas que podrían haberse tratado, mujeres que, en ocasiones, se ven obligadas a dar a luz sin la atención adecuada y comunidades enteras que pierden el acceso a servicios que salvan vidas”, explica Raquel González.
Posteriormente a esta acción, el ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación celebró un evento de conmemoración del X aniversario de la Resolución 2286, presidido por el ministro, José Manuel Albares. La directora de MSF en España, Raquel Ayora, participó en una mesa redonda titulada La protección de la misión médica diez años después de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad, junto a representantes de la AECID, del Ministerio de Defensa y del ámbito académico.
Trabajadores en el punto de mira
Durante los últimos diez años, los trabajadores de MSF se han visto a menudo en primera línea de la normalización de los ataques contra hospitales y personal médico, siendo tanto testigos como, en muchas ocasiones, víctimas de estos ataques. En la última década, 21 miembros del personal de MSF han sido asesinados.
No son cifras abstractas: son sistemas de salud destruidos y vidas truncadas. Como la de los compañeros María Hernández Matas, Tedros Gebremariam Gebremichael y Yohannes Halefom Reda, brutalmente asesinados en Tigray (Etiopía) el 24 de junio de 2021. A pesar de las repetidas garantías que ofrecieron las autoridades etíopes de que se estaba llevando a cabo una investigación, cinco años después, ni MSF ni las familias han recibido respuestas creíbles sobre lo sucedido aquel día.
“En lo que insistimos, 10 años después de la Resolución 2286, es que no existen circunstancias realistas en las que el ataque contra un hospital operativo pueda considerarse legal, dado el enorme daño, inmediato y a largo plazo, que provoca. Los Estados y las partes en conflicto deben reflejar esta prohibición en sus doctrinas y prácticas militares, y dejar de invocar argumentos como la proporcionalidad o la supuesta ‘pérdida de protección’ para justificar ataques ilegales”, afirma Raquel González, coordinadora de MSF España.
Liderazgo del Gobierno español
España, como Estado miembro de la ONU y de la Unión Europea, tiene la responsabilidad de liderar la protección del Derecho Internacional Humanitario en tiempos de crisis y conflicto. Por ello, MSF insta al Gobierno a adoptar medidas concretas para asegurar el cumplimiento efectivo de las resoluciones 2573 (2021) y 2286 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que estas se traduzcan en acciones claras que garanticen la protección del personal sanitario y humanitario, así como de la población civil en zonas de guerra, conflicto y violencia extrema:
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